Los convenios no podrán obligar a jubilarse con menos de 68 años
∑El castigo para los que se retiren sin sumar 38 años y seis meses de cotización llegará hasta el 21% ∑Después de un mes de parón, el ministro cita hoy a los agentes sociales tras fuertes críticas del Pacto de Toledo
Las autoridades europeas miran con especial atención a las pensiones, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la economía, y también uno de los cambios más delicados por el impacto que puede provocar en un goloso electorado de nueve millones de votantes. El Gobierno sabe que está sobre un campo de minas, y por ello busca como aliados a empresarios y sindicatos, que llevan meses negociando sin éxito una reforma de castigos y premios que deberá estar lista en breve para así recibir los fondos europeos, 140.000 millones para reactivar la economía.
El ministro de Seguridad Social ha puesto ya sobre la mesa de negociación varios documentos. El último de ellos, al que ha tenido acceso ABC, introduce importantes novedades respecto a los anteriores. Una de ellas se refiere a las cláusulas de retiro forzoso que incluyen los convenios. Así, la negociación colectiva no podrá obligar al trabajador a jubilarse con menos de 68 años. Y se establece un régimen transitorio de un año para las cláusulas que han sido pactadas antes de que entre en vigor la reforma de pensiones.
La idea inicial de José Luis Escrivá era prohibir, sin acotación alguna, la jubilación forzosa en los convenios para así favorecer la prolongación de la vida laboral, pero el rechazo de la CEOE abrió la puerta a que el ministro dejara la decisión en manos de los agentes sociales. La figura de la jubilación forzosa fue recuperada por el Gobierno en 2018 tras las reiteradas peticiones de la patronal, después de que hubiera sido prohibida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, en plena crisis financiera.
El texto remitido por la Seguridad Social a los agentes sociales el 9 de abril también detalla cómo serían los castigos aplicados a aquellos trabajadores que voluntariamente se jubilen antes de la edad legal de jubilación, ahora en 66 años, y cómo serían los premios por alargar el tiempo del trabajo. Son medidas de recorte y ahorro que buscan entorpecer el acceso al retiro y favorecer que los trabajadores sigan en activo como fórmula de ahorro para el sistema. Y para ello el ministro quiere aplicar la teoría del ‘palo y la zanahoria’.
Un ‘palo’ del 30%
El ‘palo’ será aumentar los coeficientes reductores en la pensión hasta el 21% en el caso de las carreras de menos de 38 años y seis meses cotizados, para ir bajando progresivamente hasta el 3,26%. Ahora, si un trabajador decide retirarse dos años antes de la edad legal de jubilación, tiene una reducción máxima de su pensión del 16% (que progresivamente va bajando hasta el 2%). Es decir, el alza sería del 30% y la idea del titular de la Seguridad Social es ampliar el ‘palo’ en un periodo transitorio de seis años.
La ‘zanahoria’ sería premiar a aquellos que decidan mantenerse en su empleo después de la edad legal de retiro. El ministro ha propuesto abonar un cheque que se cobraría de una sola vez de casi 11.000 euros (en el caso de las rentas más altas con bases máximas de cotización) por cada año que se retrase la jubilación. Y para el caso de que el trabajador haya cotizado al menos 44,5 años o más, esta prima alcanzaría los 12.060 euros por cada año de retraso. Según las cifras que maneja la Seguridad Social, en una pensión de 9.569 euros (683 euros al mes) este pago único sería de 4.786 euros, y de 5.265 con más de 44,5 años cotizados. Para una pensión media de 20.000 euros al año, este premio sería de 7.482 y 8.230
Importe pensión
Propuesta pago único por año
Propuesta pago único por año euros, respectivamente, según los años cotizados (ver gráfico).
Si el pensionista lo prefiere, podría optar por un extra del 4% por cada año que retrase su retiro (ahora ese extra se sitúa entre el 2% y el 4%) o por combinar ambas fórmulas.
Y junto a estas medidas, el documento de trabajo reafirma la subida de impuestos para sueldos de más de 49.000 euros (la base máxima de cotización) y aumentar de forma paralela la pensión máxima (2.070 euros), aunque no da más detalles. También sitúa en el 1 de enero de 2022 el momento en el que los autónomos comenzarán, de forma gradual, a cotizar según sus ingresos reales. Se prevé que el colectivo pueda optar entre 13 bases de cotización en función de sus rendimientos.
Más allá de la propuesta de Escrivá, los agentes sociales se reúnen hoy con el equipo de Seguridad Social después de un mes de parón en las negociaciones de una reforma clave. La convocatoria se produjo escasas horas después de que el Pacto de Toledo sacara los colores al ministro por la deriva que había tomado la reforma y, sobre todo, la
El ministro quiere que los autónomos empiecen a cotizar por ingresos reales
desde enero
poca negociación y transparencia con la que se estaba llevando a cabo el procedimiento. Las críticas llegaron desde todos los grupos, incluido Podemos. La portavoz del grupo confederal, Aina Vidal, cargó contra la propuesta de revalorización de Escrivá▶ «¿Por qué no nos trae una fórmula clara? Existiendo un acuerdo, nos propone enturbiar el acuerdo que ya existe, una fórmula extraña que no acabamos de entender y puede terminar de ser además injusto», aseguró.
Incluso, la portavoz socialista hizo un discurso menos amable de lo que suelen ser las intervenciones de los partidos de Gobierno. Mercé Perea reclamó a Escrivá celeridad en la puesta en marcha del nuevo factor de sostenibilidad, que se espera apele a la solidaridad intergeneracional, pero del que aún no se han trasladado detalles a los agentes sociales.
La importancia del consenso en torno a la reforma de las pensiones no es menor. En aras de garantizar una sostenibilidad de nuestra economía que nos permita devolver los enormes préstamos que nos va a hacer la Eurozona para apoyar la reactivación tras la pandemia, Bruselas exige reformar y tapar los principales agujeros que tienen nuestras finanzas y uno de ellos es el de las pensiones. El sistema arrastra un déficit millonario, que a cierre de 2020, y antes de recibir la inyección del Estado, rozó los 30.000 millones de euros. Cada mes, la Administración debe desembolsar 10.000 millones para pagar a los jubilados, un factura que va en ascenso mensualmente.
Un camino empedrado
Con la búsqueda de consenso se trata de lograr reformas estables y que no generen inquietud social. Sin embargo, el camino no está de momento despejado para el ministro. Ni las formas ni el fondo convencen a empresarios y sindicatos. Los primeros aseguran que no firmarán nada que no se lleve al Pacto de Toledo y los sindicatos consideran que la penalización de las jubilaciones anticipadas que pretende el ministro no es asumible y exigen la derogación completa de la reforma de 2013, en línea con las exigencias de Unidas Podemos, que también ha criticado duramente las intenciones del ministro de ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular las pensiones por los recortes que supondría en las nóminas.