Salud prepara un registro de sanitarios objetores a la eutanasia
También habrá una comisión de garantía para la aplicación de este procedimiento
La Consejería de Salud y Familias ha iniciado el procedimiento para crear, vía decreto, «un registro de profesionales sanitarios objetores a la eutanasia», y «una comisión de garantía y evaluación en el ámbito de la eutanasia que desempeñe en Andalucía las funciones establecidas por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo», de regulación de la eutanasia.
Son los dos objetivos que contempla el proyecto de decreto por el que se crea el Registro de profesionales sanitarios objetores a la eutanasia y la Comisión de Garantías y Evaluación, que la Consejería de Salud y Familias somete actualmente al trámite de consulta pública previa, según la información recogida en la web de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press.
Este decreto deriva de la citada ley orgánica de regulación de la eutanasia, cuyo artículo 16.2 establece que «las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir».
El registro «se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal», según especifica la ley estatal, cuyo artículo 17, a su vez, dispone que «existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las comunidades autónomas» con una composición «multidisciplinar» y con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas.
De esta manera, «en Andalucía no existe un registro de profesionales sanitarios objetores a la eutanasia», y «tampoco hay un órgano administrativo con las características y funciones previstas en la ley orgánica citada para la comisión de garantía y evaluación», según confirma la consejería que dirige Jesús Aguirre, que explica así que «es necesario» crear dicho registro.