Todo es mucho más difícil
El pacto fiscal entre PP, Cs y Vox garantiza la estabilidad política pero ha generado muchas tensiones
pios con problemas de despoblación.
La reforma adelanta un año la rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF que debía concluir en 2023. Estará vigente ya en 2022. Se recogen un total de 16 deducciones por el estudio de idiomas, nacimiento de hijos y específicas para discapacitados y familias monoparentales, entre otras.
«La eventual pérdida recaudatoria» por la bajada de la presión fiscal –en 31 millones de euros en el caso del IRPF– «será con total seguridad compensada» con un mayor número de contribuyentes, señala el documento.
El clima político andaluz está, curiosamente, como al inicio de la Legislatura. Los acuerdos se firman con mil cautelas y los partidos lo filtran a los medios nada más tienen oportunidad para arrogarse el éxito de la gestión. Y eso a pesar de la lealtad que caracteriza al Gobierno de la Junta conformado por el PP y Ciudadanos apoyados en el Parlamento por Vox.
El pacto fiscal firmado ayer por los tres partidos políticos en Andalucía que garantiza una importante rebaja tributaria para los andaluces, salió adelante garantizando la estabilidad del Ejecutivo y ahuyentando (al menos en teoría) el fantasma del adelanto electoral. Pero las tensiones fueron muy serias, prueba del clima político crispado que se vive en España y también muestra de la influencia que las autonómicas de Madrid tienen sobre el resto de comunidades.
PP, Cs y Vox habían negociado elaborar conjuntamente una ley para bajar los tributos cedidos pero, finalmente, se rubricaron dos acuerdos diferentes... aunque exactamente iguales. ¿La clave? La orden de Inés Arrimadas de que Ciudadanos no firme nada con Vox para no perjudicar sus intereses en Madrid.
El líder naranja en Andalucía, Juan Marín, lo explicaba asegurando que se había seguido el mismo criterio que en el Pacto de Investidura. Tampoco ahí está la firma naranja junto a las siglas de Vox.
La ley, además, será una importante arma política durante el año que viene porque su tramitación y debate sobre la reducción fiscal se extenderá todo 2021. Además, abre la puerta a la negociación del Presupuesto 2022 de la Junta.
Resulta llamativo destacar la reacción de la jefa de la oposición política al Gobierno andaluz a este acuerdo, ya que sólo se centró en las consecuencias que tiene para sus cuitas internas del partido, y no en la repercusión para los andaluces. Susana Díaz cuestionó que el PSOE andaluz tenga que adelantar sus primarias para la candidatura a la Presidencia de la Junta «sin un horizonte de anticipo electoral». Según su interpretación, el pacto fiscal supone «mantener la legislatura. Esto significa que no hay horizonte de anticipo de elecciones. Entonces, si no lo hay, ¿de qué estamos hablando de primarias?».
Desde IU la crítica fue ideológica. El coordinador de la formación, Toni Valero, afirmó que esta reducción «la pagará una mayoría social con el deterioro de los servicios públicos por la caída de los ingresos». Según Valero, la reforma fiscal del Gobierno de la Junta «atenta contra principios constitucionales de progresividad fiscal».
Reacción Susana Díaz, en clave interna▶ «Si no habrá adelanto electoral, ¿para qué primarias en
el PSOE?»