El exvicepresidente eludió su deber al no evaluar el veto a los desalojos
El Gobierno incumple varias cláusulas del decreto de protección de hogares vunerables
El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, eludió su deber al no poner en marcha los mecanismos de evaluación de las medidas antidesalojos aprobadas para este segundo estado de alarma, cuando ejercía como vicepresidente segundo del Gobierno.
El decreto-ley de medidas urgentes frente a la vulnerabilidad social y económica entró en vigor el pasado 23 de diciembre para impedir los desahucios sin solución habitacional digna. Y su disposición adicional primera obligaba al Ministerio de Derechos Sociales, capitaneado por Iglesias hasta final de marzo, a medir la efectividad de esas medidas y determinar si eran suficientes para proteger a los colectivos vulnerables o si serían necesarias actuaciones adicionales.
Para ello, mandataba a este departamento aprobar, antes del pasado 31 de enero, una orden ministerial con el modelo que deberían utilizar los servicios sociales autonómicos para remitir mensualmente sus informes al Ejecutivo. Sería esta información la que utilizaría después el Gobierno para «conocer y evaluar la eficacia de las medidas», según el decreto. Sin embargo, una vez publicitadas las medidas aprobadas, Iglesias dejó el mandato a un lado y terminó abandonando el Gobierno el pasado 31 de marzo sin haberlo cumplido. Según fuentes de Derechos Sociales «había que hacer el desarrollo informático y ha llevado tiempo».
Problemas técnicos
El resultado es que, a fecha de hoy, la evaluación sigue sin estar operativa. La nueva ministra, Ione Belarra, promulgó la orden pendiente el 9 de abril, menos de dos semanas después de llegar a Derechos Sociales, pero lo hizo de forma parcial ya que el formulario que las autonomías deben utilizar para volcar sus informes sociales no está operativo. Desde este departamento argumentan que se trata de un problema «técnico en el que se está trabajando» y que «estará funcionando muy pronto». Pero sin embargo
La ministra de Derechos
Sociales, Ione Belarra no indican ninguna fecha.
Las medidas antidesalojos iban a estar vigentes mientras durara el estado de alarma pero el pasado 14 de abril fueron prorrogadas durante tres meses por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin conocer su grado de efectividad. Si, como parece, el estado de alarma decae el próximo 9 de mayo, esta protección estará vigente hasta el próximo 9 de agosto. Sin embargo, teniendo en cuenta que Derechos Sociales ni siquiera ha iniciado aún la recogida de datos, será difícil que la evaluación sobre la efectividad real de las medidas llegue a concluirse con tiempo para aplicar medidas correctoras o adicionales, si estas fueran necesarias. La tarea fue encargada al departamento de Iglesias como responsable de las políticas del Gobierno en materia de bienestar social, familia, protección del menor, y atención a las personas dependientes.
«Decreto excepcional»
Mandato del decreto-ley La fórmula de evaluación debía estar lista antes del 31 de enero. Belarra la aprobó el 9 de abril y de forma incompleta
Zancadilla a las CC.AA. Ábalos tenía que regular las ayudas compensatorias con otro decreto que aún no ha sido promulgado
Este, no obstante, no es el único incumplimiento del Ejecutivo relacionado con el decreto-ley de ayuda a hogares vulnerables. El texto articulaba esa suspensión extraordinaria de los desalojos –viviendas ‘okupadas’ incluidas– mediante una compensación a los arrendatarios que saldría del Plan Estatal de Vivienda del Ministerio de Fomento. Y la disposición adicional tercera encargaba a este departamento la aprobación de un real decreto-ley para regular esta ayuda y sus recursos.
A fecha de hoy, este decreto adicional tampoco se ha publicado a pesar de que el encargado de la tarea, el ministro de Fomento José Luis Ábalos, destacó la importancia del decreto antidesalojos cuando fue aprobado. «Es claramente extraordinario para un momento de excepcional dificultad», subrayó el día de su aprobación en el Consejo de Ministros. «Pretende conservar el derecho constitucional a la vivienda y no solo busca proteger a los hogares más vulnerables, sino también a los arrendadores. La norma refuerza las garantías judiciales, compromete al resto de Administraciones Públicas competentes en materia de vivienda y no legitima la ‘okupación’, porque identifica las casuísticas, qué casos excepcionales merecen protección especial, incluye compensaciones a los propietarios y privilegia la supervisión judicial y la intermediación de los servicios sociales», añadió.
El PP pide urgencia
En el caso de este segundo incumplimiento, el paso del tiempo es aún más perjudicial ya que el decreto-ley del 23 de diciembre establece que las ayudas solo podrán solicitarse hasta un mes después de que expire el estado de alarma.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, denunció esta situación durante una interpelación a Iglesias en el Congreso el pasado 9 de marzo. Como consecuencia de este cara a cara, el grupo que preside Pablo Casado elaboró una moción en la que, entre otras cuestiones, reclamaban la publicación urgente del decreto de regulación y acceso a las ayudas. Sin embargo, PSOE y Podemos unieron fuerzas con sus socios y tumbaron esta iniciativa el pasado 17 de marzo.
vez Pablo Iglesias revalidó su puesto como secretario general. Llegó en calidad de «responsable de Políticas de Cuidados», una secretaría de nueva creación, a pesar de que no había conseguido escaño en las dos convocatorias electorales anteriores siendo cabeza de lista por Toledo. Allí la colocaron tras dejar vacante el puesto Gloria Elizo, actual vicepresidenta del Congreso, que concurrió por Madrid.
En 2020, ya con Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, Montero la hizo su jefa de gabinete adjunta. En internet se pueden encontrar aún imágenes grabadas en el ministerio en las que aparece Arévalo con el bebé en brazos.
No obstante, el juez tiene entre manos otro asunto. Carmona, además de la supuesta niñera, investigaba el litigio de una trabajadora de Podemos que se desempeñaba como escolta de Montero y que denunció que la habían cesado por no querer atender recados que le encomendaba fuera del horario. Para la abogada, podía ser otro ejemplo de un uso de los recursos del partido en beneficio personal de Irene Montero y así lo trasladó al juez.
Infracción penal