La finca Cabañeros, causa y origen del parque nacional
∑Su periplo a lo largo de nuestra historia ha ido conformando esta superficie en lo que hoy es, con prohibición de la caza incluida a finales del pasado año
sirviera nada más que para esquilmar sus recursos por la ciudad e imposibilitar la subsistencia de sus vasallos. A finales del siglo XIX, los Montes de Toledo estaban arrasados, desmontados y desarbolados, es decir, completamente destruidos.
Origen del esplendor
La quiebra de Toledo obligó a vender su dominio en los montes. Las fincas que conformaron Cabañeros fueron adquiridas a partir de 1860 por Francisco de las Rivas, I marqués de Mudela, y por su hermano Bernabé. Mudela fue un notable emprendedor que prestó grandes servicios a España. Entre sus muchos méritos está la difusión del vino manchego en el mundo, fomentando las exportaciones hasta entonces inexistentes. Ambos hermanos poco pudieron hacer por aquellos territorios devastados. Años después los hereda el nieto de Mudela, Francisco Losada de las Rivas, conde de Valdelagrana, que reunió bajo una sola linde unas 40.000 hectáreas. De inmediato comenzó a ordenar los terrenos estériles y maltratados que había recibido y a rehacer su naturaleza perdida. Contrató guardas y operarios y favoreció el desarrollo de la fauna, el arbolado y la capa vegetal. En pocos años –no más de 30–, pudo recuperar buena parte del esplendor desaparecido durante los siglos de propiedad pública, convirtiendo la enorme finca en uno de los mejores cotos de España y en la madre de las reses de toda la región. A la muerte de Valdelagrana en 1930, Cabañeros pasó a su viuda. La finca sufrió los desórdenes de la II República y la Guerra Civil, con actos vandálicos como el fusilamiento de la Virgen que presidía la capilla local por unos milicianos de Toledo, el robo de ganado y de enseres y la masacre de la fauna. Apenas tres años después de terminada la desgraciada Guerra Civil, la condesa viuda vendió las tierras a la sociedad del naviero y empresario bilbaíno José Luis de Aznar y Zavala. Este cedió un porcentaje de la propiedad a su amigo y abogado el marqués de Villabrágima. Durante varios años, Villabrágima, buen conocedor de la naturaleza, gestionó la finca y consiguió recuperar gran parte de los desastres que había padecido durante la República y la guerra. En 1955, el hijo de José Luis, Eduardo de Aznar Coste, se hace con toda la propiedad e intensifica la buena gestión. Tras su muerte, pasó a su hijo Alejandro, que emprendió una actividad profesionalizada, intensa y eficaz, llevando a Cabañeros al mayor esplendor de su historia. En 1995 se produce la declaración de parque nacional tras un proceso de creación viciado de irregularidades aún no subsanadas. Su creación se debió a motivos político-electorales del momento y no a medioambientales, pues el estado de la zona era excelente y su conservación para las generaciones venideras estaba asegurada. La declaración vino a truncar el considerable esfuerzo realizado por la propiedad privada, sobre la que recayeron todo tipo de limitaciones a su exitosa gestión.
El 5 de diciembre de 2020, se aplicó en Cabañeros la definitiva prohibición de la caza deportiva o comercial que contenía la Ley de Parques Nacionales, sin considerar que la actividad cinegética era nada menos que la causa del excelente estado de esta finca y de otras incluidas en el parque y, a la vez, su principal fuente de riqueza.
Cada parque nacional es distinto en su esencia y el componente de la actividad cinegética no debiera ser erradicado en todos por definición. La prueba es que esa actividad no desaparece, simplemente se sustituyen los actores. Así, mientras que en parques como Cabañeros se prohíbe la caza deportiva, de carácter racional, limitado y selectivo, se emprende por la Administración pública, con sospechoso sigilo, la masacre masiva de muchos más animales que los cazados con mesura por la propiedad privada. La Administración ha llegado a emplear en la parte pública de Cabañeros medios prohibidos por la ley verdaderamente crueles, como los lazos, donde la reses sufren una lenta y atroz agonía y en los que caen también buitres y otras especies. Esta práctica execrable, que costó la vida a más de 3.000 cérvidos y jabalíes, fue sustituida por mecanismos de captura donde, después de ser manejados como si fueran domésticos con el consiguiente estrés traumático en estos animales salvajes, acaban con ellos, sin selección alguna, mediante el disparo
en la nuca de una pistola neumática. Todo mucho más penoso y brutal que la moderada y selectiva montería, donde un limitado excedente de animales muere en libertad y de forma rápida, después de haber recibido durante su vida los mayores cuidados.
Es previsible que el parque se enfrente ahora a un camino de retroceso y deterioro, al igual que ocurre en el de Doñana. Sin capacidad de administrar sus tierras, la mejora de fauna y flora que llevaban a cabo los propietarios privados llega a su fin, con el consiguiente coste añadido en empleos para los sufridos habitantes de la zona. La escasa calidad de los suelos de Cabañeros y la falta de selección retornará a la población de cérvidos al estado de degeneración y pobreza genética en que se encontraba cuando sus propietarios empezaron la gestión. La biodiversidad se descompensará y la flora, hasta ahora cuidada con esmero en la parte privada del parque, sufrirá las consecuencias. Resulta notorio que haya sido imposible a la Administración pública sustituir la excelencia de la gestión privada tanto en Doñana como en Cabañeros. Se necesitarían para ello buenos conocimientos empíricos además de técnicos, mucho esfuerzo económico, continuidad y, sobre todo, amor verdadero a la naturaleza. Son otros tiempos pero, en cierto modo, algo parecido a la desastrosa tiranía feudal toledana vuelve a aquellas sierras para malbaratar la riqueza generada por los propietarios privados. La feraz naturaleza de la zona parece condenada a perder su estado y sus propietarios empobrecidos y desolados por el forzoso final de su beneficiosa labor.
Ruina y pobreza
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Transformación costosa Tierras que generaron riqueza social, económica y medioambiental sin coste para el Estado se convierten en una carga
No solo las fincas particulares afectadas, que ocupan casi la mitad de la superficie del parque, perdieron su valor y su razón de ser con la definitiva prohibición de la caza deportiva; más grave aún resulta la ruina y la pobreza a las que, como en los siglos de vasallaje toledano, ha condenado a los ocho municipios de la zona. Sin una de sus escasas fuentes de subsistencia están abocados al éxodo de sus habitantes. Los ingresos que habría de aportar el turismo no han pasado de ser una vana promesa política. Este perjuicio a la población local tacha al parque de flagrante injusticia social.
El sistema español de parques nacionales, que impide la eficaz gestión de los propietarios de terrenos incluidos en ellos y provoca la pobreza y la despoblación, está desfasado y no se sigue ya en ningún país del mundo. La declaración de buenas intenciones sobre habitantes y propietarios en los preámbulos de las leyes de declaración de parques queda desvirtuada por sus articulados. Las buenas palabras de los políticos sobre los beneficios que generará en la población tienen el escaso valor de una promesa electoral. Las tierras afectadas, que generaron riqueza social, económica y medioambiental sin coste para el Estado, se convierten así en una carga que este asume por voracidad más que por razones de conservación. De no cambiar su criterio, adecuándolo a las razonables corrientes internacionales, la gestión pública en los parques que fueron cotos de caza perjudicará sin remedio a todo y a todos, incluida la naturaleza que dicen proteger. La poca esperanza que les queda es que se produzca esa rectificación, tan necesaria como honrosa habrá de ser para quien la promueva.
Prohibición de la caza Sin una de sus escasas fuentes de subsistencia, los habitantes de casi una decena de pueblos están abocados al éxodo