Las empresas familiares en pérdidas se triplicaron en 2020
«Tenemos empresas más pequeñas y más economía sumergida respecto a Europa. Subir los impuestos no va a favorecer la recuperación. Queremos un marco tributario competente con nuestros vecinos». Esta es una de las conclusiones que el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, reiteró ayer ante la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, durante la presentación del Observatorio de la Empresa Familiar elaborado por el IEF y Deloitte.
Un documento que muestra la factura que la pandemia ha dejado en estas empresas, que independientemente del tamaño, representan cerca de un 90% del total de compañías en España. En datos, el número de empresas familiares que registraron pérdidas en 2020 se multiplicó por tres respecto a 2019, pasando del 4% del total al 12%; más de la mitad vio su facturación reducida durante 2020; una de cada cinco registró una caída de la facturación mayor al 20%, mientras que el número de empresas sin beneficios se triplicó durante el último año.
Con los malos datos sobre la mesa y con motivo de acelerar la recuperación del tejido familiar, el presidente del IEF pidió «estabilidad» y disponer de un marco tributario que no penalice competitivamente a las firmas familiares. «Un marco que no ponga en riesgo nuestra continuidad como empresas. Ningún otro país de nuestro entorno mantiene algunos de los tipos impositivos que más afectan a la empresa familiar», aseveró Puig.
En esta línea el IEF pidió al Gobierno
medidas como las efectuadas por el Gobierno italiano de Draghi basadas en bajadas de impuestos, menos burocracia y más competencia, «en un país que no es precisamente un ejemplo con niveles de deuda menores que el de España». «Deberíamos crear las condiciones para que España aproveche esta crisis para seguir cerrando el gap con Europa y ayudar a que sus empresas no solo no desaparezcan es este tsunami, sino que puedan salir reforzadas en comparación. De ahí la importancia de la competitividad internacional», apostilló Puig.
Según explicó Puig, en ningún caso la fiscalidad debería determinar que empresas enraizadas en España tengan que ser vendidas a terceros, «y