El juez ordena a la UCO investigar ‘privilegios’ de los «enchufados»
∑Vilaplana actúa tras un correo enviado por interinos de fondos europeos ∑Denuncian que el personal de la extinta fundación hace tareas de funcionarios
El juez José Ignacio Vilaplana ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que indague la denuncia realizada por un grupo de funcionarios interinos sobre las tareas que desempeñan en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) los trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo (Faffe). El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga el «enchufismo» de la entidad pública dedicada a formar a desempleados de Andalucía que funcionó desde 2003 hasta su disolución en 2011 como una «agencia de colocación del PSOE andaluz», según recogió la UCO en un atestado, donde apuntaba a que estaban en nómina 200 familiares y conocidos de este partido y de sindicatos.
El 22 de diciembre pasado, el instructor del caso Faffe recibió un correo electrónico del portavoz de un colectivo de funcionarios interinos encargados de la gestión de ayudas financiadas con fondos europeos. «Toda nuestra vida laboral ha transcurrido en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y hemos sido testigos directos de la causa que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene abierta en este momento», relatan estos empleados, que han ido encadenando desde 2005 contratos temporales en la Junta de Andalucía.
Tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, en la que PP, Ciudadanos y Vox desbancaron al PSOE de la Junta tras casi 37 años en el poder, «creíamos que supondría el cierre de la etapa de enchufismo en la Administración y que se impondría la cordura de la legalidad vigente». Se sienten agraviados respecto a los laborales de la antigua Faffe, que desempeñan tareas propias de funcionarios sin serlo, advierten. «Estamos siendo testigos directos día a día de cómo todas estas personas a las que su juzgado está investigando siguen trabajando a día de hoy sin tener potestades administrativas algunas y esto dictado por sentencia, y no sólo estas personas, sino a las que ellos que, por así decirlo, ‘subcontrataron’ sin ningún tipo de mérito para acceder a la Administración».
Su escrito no ha caído en saco roto. El juez Vilaplana dictó el pasado 11 de febrero una providencia por la que remitía a la UCO la denuncia «al objeto de su valoración como posible fuente de investigación policial». Dicha resolución fue impugnada por la letrada de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en las diferentes causas abiertas sobre las irregularidades que rodeaban a la Faffe, la más