Montero sube los impuestos en 500 millones tras fracasar en 2021
El alza fiscal del presente ejercicio recaudará un 55% menos de lo previsto
Si bien estos son los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del récord de gasto, en términos de ingresos no podían ser menos. Un juego de suma cero para intentar cuadrar las cuentas, pero dejando los dados en manos del azar, porque la certeza en los datos, a la vista de las últimas tiradas del Gobierno, no existe de momento. El Ejecutivo quiere dejar claro que la economía está en fase de recuperación y que así se trasladará a los ingresos tributarios.
Como dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer en la presentación del proyecto de Presupuestos de 2022, si le va bien a la clase media, le va bien al país, a la economía, al consumo. La confianza del Gobierno en que el año que viene será de crecimiento vigoroso es total. Hasta el punto de que todas las grandes partidas de grupos de impuestos volverán a niveles prepandemia este ejercicio que viene... pero nada sale gratis.
En 2021, Montero ya impuso una batería de subidas de impuestos por valor de más de 6.000 millones de euros, de los cuales 3.230 millones ya podrían recaudarse este año. El resto, su efecto llegaría a partir del ejercicio siguiente. Sin embargo, la previsión para este año no se ha cumplido ya que el Gobierno reconoce su fracaso con una estimación de recaudación en 2021 por estas medidas de 1.450 millones, un 55% menos de los previsto.
El año 2022 viene cargado de medidas de impacto, tanto directo como diferido, pero con mucho menor efecto. Las cuentas incluyen 500 millones de euros de subida de impuestos, a la espera de la gran reforma fiscal que hay pendiente para 2023.
La medida estrella de Hacienda es la imposición de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% a empresas que facturen al menos 20 millones de euros o formen grupo consolidado. A la banca y a las empresas de hidrocarburos se les fija un gravamen superior, del 18%, como adelantó ABC. Esto va destinado a tratar de castigar los beneficios fiscales de los que se sirven las grandes compañías y tendría un efecto en recaudación de 400 millones de euros extra para las arcas públicas.
El Ejecutivo se siente legitimado para fijar ya esta medida, y por la que ha presionado internamente Unidas Podemos, por el acuerdo alcanzado en la OCDE para esto mismo. El ‘problema’ es que la institución pensaba en una aplicación más con vistas a 2023 y no tan temprana como ha proyectado el Gobierno español. Aunque, por precedentes, esta no sería la primera vez que hace oídos sordos al consenso o al acuerdo internacional, ya que la tasa Google también se aprobó al margen de lo que hicieran el resto de países.
Fuentes empresariales rechazan de plano una medida de esta índole, que apenas tendría efecto sobre algo más de mil compañías e iría sobre base imponible y no resultado contable. En este sentido, destacan que las estadísticas de la Agencia Tributaria demuestran que las empresas tributan alrededor del 20%, «por lo que la medida no les afectaría excepto a aquellas que suman deducciones por doble imposición internacional y deducciones por inversiones en I+D+I». En suma, que «castiga a aquellas empresas más internacionalizadas y que dedican importes significativos a la investigación y desarrollo tecnológico».
Otra de las medidas más problemáticas es el golpe que se fija para los ahorradores. La deducción por aportaciones a planes de pensiones individuales se reduce de 2.000 euros a 1.500 euros, después de que en 2021 ya se haya rebajado la cuantía en otros 6.000 euros. Las patronales Inverco, Unespa y CEM denunciaron ayer que «en España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados que se van a ver afectados, de nuevo, con carácter directo e inmediato por la medida, recién anunciada. Muchos de ellos son empleados por cuenta propia». El golpe que viene propinando el Ejecutivo al ahorro privado provoca, según calculan estas asociaciones, un 40% menos de aportaciones ya este 2021.
Por último, el Ejecutivo fija también una reducción del 85 al 40% de las bonificaciones fiscales para las empresas que se dedican al alquiler, es decir, grandes caseros. La intención es que con ello se pueda sufragar los guiños fiscales que prevé el Ejecutivo para los pequeños propietarios e inquilinos.
Recaudación récord
Para este 2021 el Ejecutivo reconoce que incumplirá su previsión de recaudación con 3.625 millones menos, dentro de lo que se cuenta el fracaso en ingresos de la subida de impuestos que se impuso ya este ejercicio. Y con estos mimbres, el Gobierno da a conocer que en 2022 habrá récord de ingresos tributarios.
Los ingresos tributarios crecerán un 8,1% hasta los 232.352 millones de euros. De ellos, 100.132 millones corresponderán al IRPF, donde se aumentaría la recaudación un 6,7% interanual. El Impuesto sobre Sociedades se incrementaría un 11,8% hasta los 24.477 millones y el IVA haría lo propio un 9,5% hasta los 75.651 millones.
El alza de la recaudación interanual, según prevé el Gobierno, sería de 17.357 millones. En ello se incluye la subida de impuestos de estos PGE, el efecto diferido de algunas medidas adoptadas en las cuentas de 2021 y, especialmente, se debe a que el Ejecutivo tiene plena confianza en la recuperación económica. Es decir, que la mayor parte del incremento de los ingresos tributarios vendría del optimismo del que tira La Moncloa, que augura un rebote del PIB del 7% para el ejercicio que viene.