Los consejos sociales cargan contra la ‘ley Castells’ y advierten de su «politización»
► Los órganos que representan a la sociedad en los campus dicen que la norma da un paso atrás
Los consejos sociales son los órganos de representación de la sociedad en la universidad. Desempeñan importantes funciones en los campus como la supervisión y aprobación de los presupuestos de cada centro.
Por eso, se han manifestado sobre cómo queda su situación en la nueva ‘ley Castells’ (aprobada en Consejo de Ministros el pasado 1 de septiembre) y su valoración no ha sido buena. Desde el comité ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CSS), que preside Antonio Abril, la ‘ley Castells’ representa «un importante paso atrás en cuanto renuncia a la necesaria modernización de la universidad española, la aleja aún más de su sociedad, que la financia mayoritariamente con sus impuestos y consolida sus problemas estructurales que desde hace años vienen condicionando su excelencia».
La CSS, que agrupa a los consejos de todas las universidades públicas e integra también a centros privados, advierte de que la norma puede llevar a la «politización» de estos órganos debido al nuevo sistema de designación de sus miembros que propone. ¿Por qué? Para el CSS, «el sistema que propone el anteproyecto, 20 miembros elegidos por los parlamentos autonómicos, va a generar politización y polarización de los consejos sociales que, en adelante, estarían compuestos de miembros sujetos al favor debido a los partidos políticos que los designan», señalan en un comunicado al que ha accedido ABC. Sin embargo, en cuanto a este punto que critican se introdujeron cambios. El ministro Manuel Castells, tras las quejas de varios colectivos, dispuso que el 50% de los miembros del consejo social, elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades, deben ser a propuesta de las universidades. Pero esto tampoco ha gustado, ya que cae demasiado peso en la elección del rectorado.
Órgano plural
Lo que quieren los consejos sociales, en definitiva, es que las propuestas de designación de sus integrantes partan de distintos grupos para contar con una órgano plural, independiente tanto del equipo rectoral como del poder político.
A lo largo de todos estos años, los consejos sociales denunciaron «la falta de medios económicos y humanos y la limitación de nuestras funciones». Para su sorpresa, el anteproyecto «no solo no incrementa las competencias y responsabilidades de la sociedad a través sus consejos sociales sino que las disminuye, salvo en cuanto a su participación en el consejo de gobierno que mejora pero es insuficiente», aseguran. De hecho, piden que el porcentaje mínimo del 10% del consejo de gobierno que deben ser representantes del consejo social aumente «de forma considerable».