El Parlamento Europeo no verifica el acta de Puigdemont
► El ‘expresident’ fugado podría perder sus prerrogativas, incluidos sueldo y voto
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo no verificó anteayer las actas de eurodiputado de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Jordi Solé. Ninguno de los cuatro independentistas acudió a España a jurar o prometer la Constitución, por lo que la Junta Electoral Central (JEC) no envió nunca la preceptiva notificación oficial confirmándolos como miembros de la Eurocámara. La no verificación, anunciada ayer en sesión plenaria, es la última vuelta de tuerca en el laberinto de estos eurodiputados, que ahora podrían perder sus prerrogativas como parlamentarios (derecho a voto, salario, presupuesto para contratar personal...).
Su situación, sobre la que tendrá la última palabra el Parlamento Europeo, arrastra dificultades desde el comienzo de la legislatura, precisamente por la negativa de Puigdemont y de Comín a acudir a España para acatar la Constitución, habida cuenta de que todavía pesaba –y pesa hoy– una orden de detención sobre ellos por sedición y malversación. Entonces, Ponsatí y Solé no eran eurodiputados –tomaron posesión en febrero y julio de 2020, respectivamente–, pero ellos tampoco acudieron a España para formalizar su nombramiento porque la Presidencia del Parlamento Europeo se amparó en el principio de igualdad de trato para no hacer distinciones con Puigdemont ni Comín. Solé, para más inri, ni siquiera tiene causas judiciales pendientes, y aun así evitó prometer o jurar la Constitución, un requisito que siempre se ha cumplido en la democracia española.
El panorama de los prófugos de la Justicia en el Parlamento Europeo ha sido complicado desde las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019, cuando resultaron elegidos Puigdemont, Comín y Oriol Junqueras. Este último perdió la condición de eurodiputado al ser condenado por el Tribunal Supremo. En junio de 2019, Antonio Tajani dijo que no estaba «en condiciones de tratarles [a Puigdemont, Comín y Junqueras] como futuros miembros del Parlamento» porque sus nombres no constaban en la notificación oficial remitida por España.
La JEC, al no haber acudido ninguno de ellos a acatar la Carta Magna, no los incluyó entre los eurodiputados electos por España. Ahora, al no poder verificar la comisión las credenciales de estos cuatro independentistas, cabe la posibilidad de que la JEC haga llegar a la Eurocámara la situación jurídica en la que se encuentran Puigdemont, Comín, Ponsatí y Solé en base a la ley electoral española. El presidente de esa comisión, el español Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, ya le envió el martes a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, una carta informándole del proceso de verificación.
El artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) dice lo siguiente: «En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento».
Aragonès, sin recepción
Coincidiendo casualmente con esta decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, ayer, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, se reunió Puigdemont en su despacho del edificio Altiero Spinelli de la sede parlamentaria. El encuentro entre ambos políticos se produjo con dos asuntos de actualidad encima de la mesa como son el caso de espionaje con el ‘software’ Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalitat para que aplique, al menos, el 25% de español en todas las aulas de la comunidad.
A estos asuntos a tratar entre ambos políticos, se sumó el inconveniente con las actas de diputados en el Parlamento Europeo para los independentistas. Un punto de encuentro, como el del caso de espionaje, entre Aragonès y Puigdemont. Cosa distinta es la reacción de uno y otro, es decir, de ERC y Junts, a la orden del tribunal autonómico para que la Generalitat aplique el bilingüismo en las escuelas de Cataluña.
Por otro lado, en relación al caso de espionaje, ayer se supo que Quim Torra, presidente de la Generalitat entre el mandato de Puigdemont y el actual de Aragonès, presentó el lunes una demanda ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el conjunto del Ejecutivo, por la intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y almacenaje de información y comunicación de sus móviles. Torra presentó la denuncia junto a Josep Costa, exvicepresidente del Parlamento autonómico y, según Citizen Lab, también espiado con Pegasus.
Más allá del encuentro entre Aragonès y Puigdemont, el ‘president’, que viajó ayer a Bélgica volverá hoy a Barcelona, se verá, también en el Parlamento Europeo, con seis eurodiputados catalanes más: Ernest Urtasun (Catalunya En Comú Podem), Solé y Diana Riba (ERC), Ponsatí y Comín (Junts) y Javi López (PSC). No está previsto, según la agenda pública oficial, ningún otro encuentro y, por lo tanto, Aragonès no será recibido por los representantes comunitarios.