El Banco de España augura lustros de números rojos por las pensiones
► Advierte sobre niveles de deuda pública y déficit presupuestario sin precedentes si no se reducen los gastos del sistema
► Concluye que la reforma de Escrivá va a multiplicar por cuatro el coste derivado de la jubilación de los ‘baby boomers’
Lejos de resolver o cuando menos amortiguar el problema financiero que se le viene a España con las pensiones, como exige Bruselas y como el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a hacer en el contrato operativo que supuestamente da acceso a los fondos del Mecanismo de Recuperación, la reforma impulsada por José Luis Escrivá ha ensombrecido aún más las expectativas sobre el impacto que la jubilación de los ‘baby boomers’ va a tener sobre las cuentas públicas.
El nivel de riesgo es tal que el Banco de España ha vuelto a situar el asunto en primera línea de sus inquietudes en la última edición de su informe anual que difundió ayer. Pese a la reforma del Gobierno y al compromiso de Escrivá en el sentido de que esta garantizará la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema, la institución continúa señalando la evolución del gasto del sistema público de pensiones como la principal amenaza de futuro para las cuentas públicas y advierte de que en ausencia de nuevas medidas que reduzcan el gasto este puede llevar las cuentas públicas a un nivel de deterioro sin precedentes.
Las proyecciones del supervisor apuntan a que en ausencia de nuevas medidas que contribuyan a poner los costes del sistema bajo control el déficit público podría anclarse de forma estructural en niveles próximos al 6% del PIB y la deuda pública alcanzar hasta el 140% del PIB durante lustros, al menos hasta el año 2040.
Peor tras la reforma
El Banco de España considera que el panorama es preocupante. «En los próximos años, el endeudamiento público permanecerá en niveles muy cercanos a los actuales, o incluso superiores, salvo que se implemente un plan de ajuste fiscal ambicioso», advierte el informe, que pone especial énfasis en la necesidad de abordar cambios sustanciales en el enfoque sobre el sistema de pensiones.
A la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos no le convencen ni las medidas incluidas en la llamada primera fase de la reforma, pactada con sindicatos y CEOE, ni lo que ya ha trascendido de la segunda fase, aún en negociación. Concluye que las medidas ya aprobadas, como la reinstauración de la revalorización de las pensiones según el IPC o la derogación del factor de sostenibilidad, van a exacerbar el problema de gasto sobre el que instituciones nacionales y internacionales públicas y privadas vienen advirtiendo desde hace décadas por la jubilación de la generación del ‘baby boom’, hasta el punto de multiplicar por cuatro el coste que ya se preveía por la evolución natural de la demografía y de la actividad económica.
Del incremento de gasto de entre 4,1 y 4,3 puntos de PIB que auguran los informes publicados por la Airef y la Comisión Europea –hablamos de unos 50.000 millones de euros, dos veces el gasto presupuestario disponible para las políticas de los ministerios–, apenas una cuarta parte se atribuye a la evolución natural de la economía y la demografía, en tanto que tres cuartas partes responden al impacto de las medidas aprobadas por el Gobierno (ver gráfico), tanto por la derogación del factor de sostenibilidad, el mecanismo introducido en la reforma de 2013 por el Gobierno de Rajoy para contener la evolución del gasto en pensiones, como sobre todo por la recuperación de la revalorización de las pensiones con el IPC.
El Banco de España no oculta su evaluación crítica de esta medida, que en un contexto de inflación disparada le va a costar a las arcas públicas entre 10.000 y 15.000 millones de euros en función de como acabe la inflación. Y que, además, introduce a su juicio un elemento de inequidad intergeneracional que insta a examinar. «Se deberían analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las distintas reformas planteadas, de modo que los
eventuales ajustes en el sistema no recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos, como la población jubilada o las futuras cohortes de trabajadores».
Otro factor de sostenibilidad
El Gobierno de España se comprometió a hacer ese ejercicio con la Comisión Europea, pero aún no se sabe nada de ese informe que debería evaluar precisamente el impacto de la reforma española de las pensiones, tanto sobre la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, como sobre la equidad intergeneracional.
Ante este panorama, el Banco de España
entiende que tarde o temprano a España le va a tocar adoptar medidas y no solo sobre los ingresos, como plantea el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ideado por José Luis Escrivá, sino también por el lado del gasto, y también introducir algún mecanismo de ajuste automático, como el ya liquidado factor de sostenibilidad, para poner las cuentas del sistema de pensiones bajo control.
A más corto plazo, el Banco de España insiste en incluir las pensiones dentro del denominado ‘pacto de rentas’ y en instar al Gobierno a que se replantee la revalorización general de todas las pensiones del sistema con la inflación, reservando ese derecho solo a las que percibe la población en una situación más vulnerable. Su argumento es que de lo contrario se generará un problema de equidad que obligará a los trabajadores a soportar la parte del ajuste de renta que no se aplique a los pensionistas con una situación más acomodada.
Tijeratazo al crecimiento
Hace apenas un mes que el Banco de España difundió sus previsiones de crecimiento para el periodo 2022-2024, pero la sucesión de acontecimientos ha sido tan intensa, que la institución ya avanza que en las próximas semanas procederá a una revisión a la baja de la misma desde el 4,5% en que se sitúa ahora –dos décimas por encima de la previsión del Gobierno– hasta un nivel más bajo que no concreta.
El supervisor concretará en los próximos días otra revisión a la baja de su previsión de crecimiento
Los motivos tienen que ver con el peor comportamiento de la economía española en el primer trimestre respecto al esperado, con la expectativa de un estancamiento económico en el tramo central del año y con la evolución peor de lo esperado de la inflación subyacente, que no solo va a afectar al consumo privado sino que augura una prolongación durante más tiempo del previsto de las tensiones inflacionistas, según explica el director de Economía y Estadística de la entidad, Ángel Gavilán.
El oscurecimiento del cuadro de la economía española requerirá, a juicio de la institución, una reacción por parte del Gobierno. La institución que dirige Pablo Hernández de Cos insta al Ejecutivo a dar un enfoque más quirúrgico y selectivo a las medidas fiscales de alivio adoptadas hasta la fecha, de modo que se dirijan a las personas más vulnerables y a las empresas más afectadas.
Pone en este sentido en su punto de mira el descuento general de 20 céntimos por litro de carburante aprobado por el Gobierno para el conjunto de los ciudadanos, cuyo coste presupuestario ronda los 1.500 millones de euros y que, según las aproximaciones preliminares realizadas por los analistas del banco, beneficia más a las rentas más altas que a las bajas.
Desde el Banco de España se propone, por ejemplo, mejorar el radio de acción del ingreso mínimo vital o aprovechar los recursos que se liberen de la retirada de determinadas medidas fiscales de alcance más general y que se han demostrado ineficaces para abordar otras medidas más eficientes, entre las que cita por ejemplo una eventual rebaja del IRPF a los tramos más bajos o la introducción de un impuesto negativo en línea con lo planteado en su momento por el PP de Alberto Núñez Feijóo.