La Fiscalía pide tres años de cárcel a cuatro exdirigentes de UGT y CCOO en la pieza de Altadis
La Fiscalía Anticorrupción pide tres años y seis meses de prisión para cuatro antiguos dirigentes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que «contribuyeron activamente a la gestión para la obtención y pago» de 35,4 millones de euros en ayudas irregulares de la Junta de Andalucía a la tabaquera Altadis.
En su escrito de calificación dirigido al juez José Ignacio Vilaplana, que instruye esta pieza separada del caso ERE, el Ministerio Público solicita, además, 8 años y 6 meses de inhabilitación absoluta para los acusados como cooperadores necesarios de supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Se trata de Blanca Uruñuela Aguado y Francisco Fernández Sevilla, como representantes de UGT, y para Antonio Periánez Pedrero y Francisco Figueroa Alcarazo, en nombre de CCOO. Anticorrupción también considera cooperador necesario a Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia y pide la misma pena para él. En la causa también están acusados como autores de los citados delitos el exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el exdirector general de la Agencia IDEA Antonio Valverde Ramos, para los que solicita penas de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta.
Todos los sindicalistas firmaron el 3 de diciembre de 2004 un acuerdo, junto con la empresa, por el que el exdirector general de Trabajo de la Junta, el fallecido Francisco Javier Guerrero, se comprometía a pagar una parte de la póliza de seguros de prejubilación para trabajadores de la tabaquera en las plantas de Cádiz y Sevilla que superaran los 51 años de edad. El acuerdo fue el «resultado de la voluntad política para el diálogo» que propició, a juicio de la Fiscalía, un «trato discriminatorio» de los trabajadores de Sevilla y Cádiz con respecto al resto de los trabajadores de Altadis SA que fuera de Andalucía también vieron extinguidos sus contratos. El «importante compromiso económico asumido por la Junta», que ya «se sabía injusto», se adoptó «vulnerando la competencia del Estado en materia laboral».
Anticorrupción reclama a los acusados de forma solidaria 20.477.820 euros por los daños y perjuicios causados a las arcas públicas ante la «indebida» salida de fondos. «Subsidiariamente», debe responder de dicho quebranto CCOO respecto de sus dirigentes y la UGT, además de Vitalia y Altadis, ésta a título lucrativo.