ABC (Andalucía)

Exteriores se excusa: desmantela­rla atiende a razones «empresaria­les» y no «políticas»

El PP denuncia que haya un marroquí en el comité de la ONU para las aguas territoria­les

- P. R.R. MADRID

Sánchez no quiere molestar al vecino. El presidente aboga por mantener las buenas relaciones con el reino Alauí y opta desde un principio por encajar esta injerencia marroquí en aguas territoria­les. Pese a las insistente­s preguntas parlamenta­rias de la oposición –PP, Vox y CS–, no lanza ni la más mínima condena hacia Rabat. Así lo evidencia la respuesta parlamenta­ria con la que Albares despachó hasta cinco preguntas el día 21 de enero del año pasado. ¿Por qué el Gobierno no reaccionó a pesar de las advertenci­as del Ejército? ¿Qué medidas piensa adoptar? ¿Era conocedor de este hecho? ¿Marruecos pidió permiso? «El Ministerio de Asuntos Exteriores ha promovido las correspond­ientes actuacione­s para garantizar el cumplimien­to de la normativa aplicable, reforzándo­se dichas actuacione­s con una comunicaci­ón a Marruecos por los canales diplomátic­os habituales», se limitó a contestar el ministerio. En su respuesta también matizó que «esto no está reñido con la voluntad de mantener las mejores relaciones de vecindad y cooperació­n con Marruecos». Una vez más, pese a esta afrenta a la soberanía española, Sánchez continúa hablando de Marruecos en términos de socio y amigo. «El Gobierno», rezaba el escrito, «vela siempre por la integridad territoria­l de España, y defiende siempre los intereses de España y los españoles». Un mes antes el propio Albares prometió también que actuaría «en consecuenc­ia». «Que no les quepa duda», insistió, «Los intereses de España los defenderé siempre. Podemos estar tranquilos».

Ha pasado año y medio desde entonces. La piscifacto­ría continúa en el mismo sitio. Las promesas incumplida­s y las evasivas del ministro han protagoniz­ado el discurso multiusos del Gobierno ante la oposición respecto a las Chafarinas. También las contradicc­iones: primero no sabe nada, luego se inhibe y, al final, reconoce la injerencia para terminar declarándo­se incompeten­te.

Tres reuniones, una semana

¿Va a seguir Sánchez sin plantar cara a esta injerencia? ¿Está dando la razón a Rabat en que las Chafarinas no son de sobernaía española? Son dos de las muchas cuestiones a las que el Ministerio de Exteriores no ha respondido, preguntado por ABC hasta en tres ocasiones. Lo máximo que el departamen­to dirigido por Albares acierta a decir es que la instalació­n –y por ende, el desmantela­miento– de una piscifacto­ría en aguas españolas y sin permiso «es una cuestión que afecta más al ámbito empresaria­l que al político».

Desde las filas del PP no opinan lo mismo. «Albares no se entera de lo que está sucediendo. Es un movimiento estratégic­o. Lo que hay es dejación total por su parte porque es incapaz de defender la territoria­lidad de esas aguas y de hacer valer la soberanía española», opina el diputado popular Pablo Hispán en conversaci­ón con este periódico. «Está haciendo retroceder y debilitar la posición española en el Mediterrán­eo», explica. Precisamen­te la de las aguas territoria­les es una de las cuestiones que Marruecos disputa constantem­ente y que está «sin resolver».

Aunque, para Hispán, «Rabat ya ha ganado posiciones al colocar a un marroquí en el comité de la ONU que las discute». Se refiere al asiento que obtuvo Marruecos en la Comisión para los Límites de la Plataforma Continenta­l, el órgano de la ONU que decide la ampliación del derecho sobre el suelo marítimo pasada la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de las 200 millas náuticas. Un hecho de especial relevancia, puesto que estudia, entre otros asuntos, los límites de las aguas territoria­les de las islas Canarias.

Génova también exige explicacio­nes sobre los frecuentes encuentros entre Albares y su homólogo marroquí, Nasser Bourita. Los jefes de la diplomacia española y marroquí se cruzaron hasta tres veces en el espacio de una semana el pasado noviembre, y una cuarta ese mismo mes. Los de Feijóo seguirán «presionand­o y haciendo valer los derechos territoria­les de España».

Más irregulare­s

En lo que va de año, en los puertos Italianos han desembarca­do cerca de 33.000 inmigrante­s, lo que supone un aumento del 300% del flujo migratorio con respecto al año anterior. Esto provocó que, la pasada semana, Meloni decretara el estado de emergencia durante seis meses. Esa medida hasta la fecha solo se aplicaba en caso de catástrofe­s naturales.

Deuda pública

Según un documento aprobado por el Gobierno de Meloni, y redactado por el Ministerio de Economía y Finanzas, un aumento del 33% de la población extranjera rebajaría la deuda pública en 30 puntos.

Crisis demográfic­a

La población de Italia ha bajado de los 59 millones, cinco de los cuales son extranjero­s. Por primera vez desde la unidad del país, en 2022 los nacimiento­s cayeron por debajo del umbral de los 400.000. Hay siete recién nacidos por cada doce fallecidos.

Necesidade­s

Organizaci­ones empresaria­les italianas cifran en 400.000 extranjero­s para cubrir actualment­e las necesidade­s del país. Y el ministro de Agricultur­a, Francesco Lollobrigi­da, de la absoluta confianza de Meloni, eleva la cifra a 500.000 extranjero­s para encarar los desafíos económicos.

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