El Supremo rechaza el recurso de Extremadura contra la demolición del resort de Valdecañas
► Fernández Vara asegura que el complejo es legal desde marzo
El Tribunal Supremo decidió ayer no admitir a trámite el recurso planteado por la Junta de Extremadura para impedir la demolición del resort Marina Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, ni tampoco el recurso de las dos promotoras. Una decisión que, según los grupos ecologistas, debería implicar el derribo «inmediato» de al menos una parte de la construcción, mientras que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, defiende que una legislación autonómica aprobada en marzo legalizó el resort.
La decisión del Supremo, contra la que no se puede recurrir, forma parte de un proceso judicial que dura ya más de 15 años. Comenzó con la denuncia de Ecologistas en Acción en contra del complejo de 565 villas, dos hoteles, zona de piscinas y una playa artificial al entender que se encontraba en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Los tribunales paralizaron la construcción a mitad del proceso, a la espera de decidir su futuro. Finalmente, en 2022 el Supremo decretó el derribo de todo el complejo, aunque el Constitucional aún debe pronunciarse sobre las casas e instalaciones que sí se terminaron tras admitir a trámite un recurso.
«Ahora el paso lógico sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a la demolición inmediata de la urbanización ilegal, y así lo va a exigir la organización ecologista. Los trabajos en la parte no concluida de la urbanización deberían empezar de forma inmediata», valoró en un comunicado Ecologistas en Acción.
En cambio, la opinión del presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fue opuesta. El socialista defendió que la urbanización no se puede derribar porque en estos momentos ya existe un marco jurídico que la protege. «La situación de Valdecañas está regularizada por la ley que se aprobó en el Parlamento extremeño [en marzo] y, por tanto, no puede ser derribada. Hay una imposibilidad legal», dijo, según recogió Ep.
Legislación ‘ad hoc’
Esa ley declaró, con los votos del PSOE, 55 zonas ZEPA en Extremadura, incluyendo una en el área del embalse de Valdecañas, asumiendo así que previamente no había sido declarada formalmente. La oposición criticó entonces que era una norma hecha expresamente para salvar el resort, mientras que Ecologistas en Acción presentó una querella por prevaricación contra todos los diputados del PSOE que votaron a favor de esta ley. No obstante, para el grupo ecologista esta ley no afecta a la ejecución de la sentencia.
Sin embargo, el presidente extremeño insistió ayer en que está «absolutamente convencido» de que no se producirá el derribo y alude, además, a «unas consecuencias medioambientales que son inaceptables» entre las razones por las que no habrá demolición.