El cuarto decreto de sequía se aprueba entre críticas pero con apoyo de la oposición

► Las inversiones que prevé la norma se ejecutarán según la memoria hasta 2027

Ampliar los sondeos, incrementar los tratamientos terciarios para la llegada de aguas regeneradas a cultivos y ciudades, ampliar depuradoras, llegar a acuerdos con las diputaciones para la reducción de fugas de agua en las redes de abastecimiento, programas de ayudas para el sector agroalimentario y nuevas restricciones para el campo andaluz o para las piscinas. Las medidas del cuarto decreto andaluz de sequía aprobadas por el Gobierno andaluz llegaron al Parlamento una semana después de su publicación y entrada en vigor. Como era previsible, todas recibieron el aval de la Cámara gracias a la mayoría absoluta del PP, pero al mismo se encontraron con duras críticas de todos los grupos de la oposición que responsabilizaron a la Junta de Andalucía del retraso de muchas de estas actuaciones, que no estarán culminadas este verano ya que tienen una previsión presupuestaria hasta 2027, y que cuestionaron, por distintos motivos, la estrategia de la Junta. A la hora de la votación, no obstante, el PSOE anunció su respaldo por «sentido de la responsabilidad».

El primer eje fundamental del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno y tramitado en el Parlamento figura en su propia definición. Es una norma diseñada específicamente para las cuencas intracomunitarias de competencia autonómica, es decir, principalmente las provincias de Málaga, Huelva, Cádiz y el levante almeriense. Para el resto del territorio, que depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, apenas hay algunas actuaciones de «auxilio». De ahí que sus efectos siempre sean parciales y que sea imprescindible el acuerdo entre Gobierno y Junta para afrontar la crítica situación.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, tendió precisamente la mano al Gobierno de España para continuar una línea de colaboración y destacó las «reuniones permanentes» con el Ministerio. No obstante, pese a esa voluntad de diálogo, la Consejería defendió la ges