Andalucía dará informes exprés para desaladoras y estaciones depuradoras
► El decreto de simplificacion modifica por vía urgente 43 artículos de la Ley de Calidad Ambiental de 2007 ► Se fija un plazo de cinco meses para aprobar declaraciones ambientales para infraestructuras hídricas
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental andaluza, de 2007, es una de las 53 leyes que se modifican con el decreto de simplificación administrativa aprobado el martes 6 de febrero. Pese a que se trata de una legislación inmersa en un proceso de revisión desde el pasado mes de enero, la Junta de Andalucía ha modificado de forma urgente y extraordinaria 43 artículos, 3 disposiciones y tres anejos con el objetivo de dar respuesta a una serie de proyectos que la administración autonómica ha considerado estratégicos para la comunidad y para los que se ha diseñado una vía exprés, con procedimientos más rápidos que no requieren de un periodo de exposición pública. El plazo máximo para culminar el expediente queda fijado en cinco meses.
El primer objetivo de esta vía exprés es el gran desafío que tiene en estos momentos la comunidad autónoma, como es la sequía. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que dirige Ramón Fernández-Pacheco, ha establecido nuevos procedimientos para la puesta en marcha de desaladoras y de instalación para la depuración de aguas residuales, sean públicas o privadas. Se trata de favorecer el desarrollo de proyectos y reducir unos plazos de tramitación y ejecución que en algunos casos superan los cinco años. Las plantas de desalación o desalobración de agua con un volumen superior a 3.000 metros cúbicos al día hasta el momento requerían hasta el momento de una autorización ambiental unificada abreviada con plazos de tramitación que rebasaban ampliamente los seis meses. A partir de ahora, pasarán a la vía exprés, (la Autorización Ambiental Integrada Simplificada) sin exposición pública, y con un máximo de cinco meses, que no se podrá rebasar. El objetivo es dar respuesta a una de las principales demandas del sector empresarial y de las comunidades de regantes, expresada esta misma semana por la confederación de empresarios de Almería: la necesidad de recortar los plazos para poner en marcha una nueva instalación de tratamiento de agua salada ante las dificultades existentes.
La Junta quiere incentivar la construcción de nuevas desaladoras públicas o privadas (sólo hay una de una comunidad de regantes en marcha en Andalucía). Y el balance de los siete años transcurridos desde la aprobación de la GICA refleja la necesidad de adoptar medidas que cambien la tendencia de los últimos años: desde 2007 la Junta no ha tramitado ni un sólo permiso para una nueva desaladora en Andalucía. Esta cifra, no obstante no incluye las desaladoras que ejecute en el marco de sus competencias el Estado que, de acuerdo con la normativa vigente, cuenta con sus propios procedimientos privados. Pero sí cualquier actuación que pueda llevar a cabo la Junta de Andalucía, cualquier institución pública o una comunidad de regantes que requiera de un procedimiento de declaración ambiental.