Estadísticas frente a realidad social
Fernando Grande-Marlaska cometió el viernes el error que un ministro del Interior no se puede permitir: alardear de lo bien que van las cosas en una materia tan compleja como la del narcotráfico en el sur de España. En asuntos de seguridad, y él mejor que nadie lo sabe, muy pocas veces se puede decir que la amenaza está controlada. Lo sucedido en Barbate (Cádiz), con dos guardias civiles asesinados por narcotraficantes lo demuestra con una crueldad atroz. Las asociaciones del Instituto Armado y los sindicatos de la Policía se lo recuerdan en estas horas trágicas y piden su dimisión, primero por una supuesta falta de medios humanos y materiales para luchar contra el narco en el Campo de Gibraltar, pero sobre todo por esa exuberancia, tan imprudente, a la hora de atribuirse logros.
Más de cinco años después de la puesta en marcha del Plan Especial para el Campo de Gibraltar los datos sobre la eficacia policial no son discutibles. El Gobierno hacía alarde de ellos este viernes: desde julio de 2018 y hasta el pasado 31 de agosto (última estadística disponible), el despliegue policial diseñado en el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido la detención/investigación de 17.635 sospechosos de narcotráfico y contrabando, en su mayoría gracias a las 19.063 operaciones desatadas por las Fuerzas de Seguridad (de las que 15.446 ya están judicializadas), que han permitido la incautación de 1.387.832 kilos de hachís, 87.786 de cocaína y 104.018 de marihuana.
Lo que no cuenta el Ejecutivo es que sobre el terreno la realidad se percibe de forma muy distinta, y aunque se reconoce que ha habido avances también se señalan gravísimos problemas que hace que la situación en la comarca sea aún muy compleja. La fiscal Antidroga de Cádiz –pocas personas pueden hablar con tanto conocimiento de causa– ha puesto el dedo en la llaga: asegura que las Fuerzas de Seguridad se juegan la vida a diario por la violencia que emplean narcos envalentonados, denuncia una evidente falta de medios materiales y humanos, ve lagunas legislativas y por si fuera poco se queja de que las consecuencias penales son mínimas –una y otra vez se detiene a las mismas personas–, lo que aumenta la sensación de impunidad entre los grupos criminales.
El clima social en la comarca del Campo de Gibraltar tampoco invita al optimismo. Mientras los narcos asesinaban a dos guardias civiles embistiendo con sus potentes narcolanchas la frágil embarcación de los
Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), vecinos grababan las imágenes no para colaborar en la investigación, sino para jalear a los criminales y reírse de los agentes. Por tanto, no se ha avanzado mucho en esto tampoco. Las famosas inversiones para dotar de futuro a la zona brillan por su ausencia y muchos, sobre todo jóvenes, eligen unirse al narco para vivir con holgura. El tráfico de drogas es una de las principales industrias allí. Esa es la realidad, según los expertos consultados.
Mientras ese cáncer no se extirpe habrá muchas operaciones, muchos detenidos y muchos kilos de droga intervenidos que servirán para presumir al ministro de turno. Pero el problema seguirá enquistado y no debería haber nadie que muestre su orgullo por unas estadísticas incuestionables pero que no pueden tapar lo que hay detrás de ellas.
El Ministerio del Interior presume de que en estos momentos el catálogo de puestos de trabajo de la Policía y la
Guardia Civil se cubre en un 90 por ciento tras haber crecido un 20 por ciento respecto a 2018, y se anuncia que su intención es llegar al 100 por cien. Además, se asegura que crecerá la dotación presupuestaria hasta los 36,9 millones de euros, que aumentarán los medios materiales y tecnológicos... La duda es si ese esfuerzo es suficiente y si llega a tiempo. Parece que no.
Las asociaciones profesionales y los sindicatos, todos, sin excepción, denuncian que siguen sin medios. Lo ocurrido el viernes por la noche es prueba de ellos. «David contra Goliat», ha dicho la fiscal Antidroga de Cádiz para explicar lo que sucede. Llevan años advirtiéndolo: la lucha es desigual, muchas veces son señalados, sus familias lo sufren y a diario se enfrentan a situaciones en las que se juegan la vida. Exigen que la comarca sea declarada como Zona de Especial Singularidad, como en su día lo fue el País Vasco, porque trabajan en condiciones muy duras.
En el ámbito de la justicia las cosas no son mucho mejores. Los juzgados no son capaces de absorber y tramitar con la celeridad adecuada los casos; la Fiscalía está desbordada; las sentencias, por leves, causan perplejidad... Y en materia legislativa hay lagunas evidentes: las narcolanchas se abastecen de combustible en alta mar, pero no es delito que alguien se lo haga llegar. No parece comprensible, pero es lo que hay.
Asesinato de dos agentes en Barbate
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, desgrana en esta entrevista a ABC los detalles y los efectos que tendrá el decreto de Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía que acaba de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y que entrará en vigor esta semana una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
—¿El presidente, Juanma Moreno, definió este decreto como el mayor esfuerzo hecho por una administración pública en el país. También dijo que Andalucía se convertirá en la región con menos burocracia de España. ¿Será así, tan ambicioso es?
—El Plan Andalucía Simplifica es un trabajo en equipo de toda la Junta que supone la mayor revolución y transformación jamás llevada a cabo por una administración en España. Es histórico porque afecta a la totalidad de los ámbitos de acción de la Junta, desde las delegaciones territoriales a los servicios centrales, todas las consejerías y organismos.
Tiene tres patas. En primer lugar, el objetivo principal es mejorar la vida de los ciudadanos en su relación con la administración. Queremos que la Junta se convierta en la administración más útil, más rápida y más eficaz para los andaluces, con mejores prestaciones y servicios públicos, pero también con unas mayores garantías para el cumplimiento de sus derechos, y eso es revolucionario. En Andalucía estaba instalada la costumbre del ‘vuelva usted mañana’. Ahora el principio que aplicaremos es ‘con la Junta, una sola vez y de una vez’. Y lo haremos gracias a los magníficos profesionales, funcionarios y personal que tenemos. Sin ellos sería imposible.
La segunda pata es impulsar la actividad económica. Andalucía, con este decreto, las seis bajadas de impuestos y motores para el desarrollo como la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade), se va a convertir en la comunidad autónoma donde será más fácil y más seguro invertir de España y de Europa.
La tercera pata es que no sólo está pensado para funcionar mejor de cara al ciudadano y a la actividad económica, sino también para revolucionar el funcionamiento interno de la propia administración. Jamás una administración ha hecho un autoanálisis como éste. El peso de este decreto ley, que contiene 600 folios, es que además es desregulatorio, no ampliamos sino que reducimos y modernizamos normas.
—¿Qué otras iniciativas hay?
—Próximamente vamos a plantear otras iniciativas igualmente potentes y revolucionarias. Una será el Plan de Mejora de la Gestión Pública de Andalucía, la reforma más ambiciosa de funcionamiento, procedimientos, estructura y organización internos de la Junta, con una apuesta firme por la digitalización.
automatización de estos procesos habríamos tardado tres años. Hemos iniciado ya 40 proyectos de automatización en diez consejerías. A eso sumamos la Inteligencia Artificial (IA). En Andalucía tenemos ya 46 casos de usos de IA, especialmente en el ámbito sanitario, queremos incorporarlo en la gestión de la listas de espera, en el educativo, en los incendios forestales, en la movilidad inteligente o la logística portuaria, por ejemplo.
—¿Este proceso supondrá una reducción de personal en la Junta y más si hablamos de la Inteligencia Artificial?
—La IA es un gran copiloto pero no sustituye nunca a la persona. Toda revolución industrial genera dudas y escépticos. La IA y la transformación digital forman parte de la cuarta revolución industrial. No habrá reducción de personal en la Junta, sino todo lo contrario. Todo nuestro personal está muy preparado y los necesitamos a todos para esta revolución, que se puede hacer gracias a los magníficos profesionales y funcionarios que tiene la Junta.
—¿Cuándo se pondrán en marcha estas medidas?
—Cuando el decreto sea publicado en el BOJA, que será esta semana, entrará en vigor y luego será convalidado en el Parlamento en el último Pleno de febrero. Tiendo la mano al resto de los grupos para que lo respalden.
—¿Cuánto costará y cuánto ahorro supondrá?