LAS COMPETENCIAS

En general, el criterio del Supremo es restrictivo a la hora de asignar las causas, pero como comenta un veterano de Antidroga, «puedes encontrar tantas resoluciones a favor como en contra» con los mismos requisitos. «Al final, a la Audiencia Nacional tendrían que venir los asuntos por la afectación y la gravedad, no por el número de provincias», completa otro magistrado de la Sala de lo Penal. Subraya las ventajas de centralizar los asuntos, como el hecho de que «se unifica criterio» frente a realidades complejas, como la validez de las operaciones que parten de la intervención en Francia del chat de los narcos, Encrochat.

El escepticismo

Hay otra derivada y es de escepticismo respecto de la propia Fiscalía Antidroga. La respuesta de un fiscal de la ordinaria sobre asumir más causas de narcotráfico es reveladora: «Si es para acusar, sí. Si es para conformarse, no». Lastra una fama controvertida esta Fiscalía en la Audiencia Nacional. Un detalle: la nueva jefa, Rosana Morán, ha prohibido a los suyos sellar conformidades parciales (se rebaja la pena al acusado aunque sólo reconoce una parte de los hechos y no todos). Otro: la Fiscalía Especial estaba en 237 asuntos en el año 2005, según la estadística consultada por este diario. En 2021, en plena actividad de la unidad de élite antinarco

Terrorismo

La Audiencia Nacional es la competente en materia de terrorismo, como también se encarga de las extradiciones y de determinados casos de delitos sobre españoles o cometidos por ellos en el extranjero.

Corona, instituciones

Ostenta competencia exclusiva sobre los delitos contra la Corona las Altas Instituciones del Estado y la forma de Gobierno, como también en los casos de tráfico de armas o material de doble uso.

Estafas, moneda

Se encarga de la falsificación de moneda y otras formas de pago si hay detrás una organización criminal. También de las maquinaciones con grave repercusión en el mercado y pluralidad de perjudicados y los casos de Fiscalía Europea.

Narcotráfico

Es competente para delitos contra la salud pública siempre que haya detrás un grupo organizado y el delito produzca efectos en distintas provincias. en Campo de Gibraltar, OCON-Sur, eran 48 casos. De ahí que haya voces que apunten a una infrautilización de los recursos de Antidroga, con 14 fiscales, incluyendo a la jefa y su número dos, con sede en los juzgados Centrales.

Las alternativas

Hasta ahora, el debate público se ha centrado en reformar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recoge las competencias de la Audiencia Nacional, con la perspectiva de incluir las causas de especial trascendencia en los términos que describe el artículo 370 del Código Penal, que agrava determinadas penas por delitos de narcotráfico atendiendo a elementos como si se trata de los jefes, si se utilizaron embarcaciones o se explotó a menores de edad. La perspectiva de las conductas graves permitiría sortear el requisito previo de que exista organización criminal cuando se trata, por ejemplo, de clanes o grupos que tienen en jaque a una provincia, como plantea una magistrada consultada.

Pero hay más alternativas sobre la mesa. Uno de los fiscales de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, proponía en una memoria de proyecto cuando aspiró a ser jefe de Antidroga que la Audiencia Nacional arrastrase todas las causas de blanqueo, lo que llevaría a los Centrales las investigaciones complejas de narcotráfico que requieren más dedicación. En la Audiencia Provincial de Cádiz, por su parte, se incide en la necesidad de crear tribunales de instancia: secciones altamente especializadas repartidas en distintos territorios para este tipo de delitos. Antidroga recupera sobre esto el modelo francés de jurisdicciones interregionales especializadas en crimen organizado, que sería compatible con el Real Decreto que fundó la Audiencia Nacional en 1977 y que permite crear delegaciones a demanda en otros lugares. Combinaría dos realidades: las ventajas de la cercanía, como las que subraya un abogado especializado en narcotráfico al incidir en que una fiscal de Algeciras es capaz sólo con los nombres de un atestado de detectar una incoherencia, con la lejanía necesaria para aislar la causa del entorno y quitar presión en primera línea.

Pero todo tiene un compromiso y un coste y de fondo, resuena el mantra de que la justicia es «el patito feo» de la inversión pública y que las reformas que cada gobierno promete desde tiempo inmemorial no acaban nunca de materializarse.

En la Audiencia Nacional, donde no son pocos los que opinan que el órgano judicial ha vivido días de más gloria, hay cierta sensación de languidecer. Y la perspectiva de una reforma da aire a quienes saben que se puede hacer mejor. Y quieren hacerlo.