Prisión provisional para el alguacil detenido por la muerte del anciano de Hinojal
► El móvil económico está detrás del homicidio del hombre al que le tocó la lotería
peraban 48 o 72 horas hasta empezar a buscar», rememora Montserrat Torruella, una de las fundadoras, en 1998, de Inter-SOS, primera asociación de familiares de desaparecidos. Ahora ya no sucede, ya que las primeras horas son cruciales. Tampoco se compartía la información policial, y, por tanto, lo que se denunciaba en una comisaría, no llegaba a la de la población limítrofe. Con esa situación se encontró Juan Bergua, cuando el 9 de marzo de 1997 denunció la desaparición de su hija Cristina, de 16 años, en Cornellá (Barcelona).
Cristina Bergua
Por ella esa fecha se convirtió en la de las personas desaparecidas sin causa aparente. Ayer se cumplieron 27 años sin noticias de Cristina. Tenía que haber vuelto a su casa a las diez de la noche. Si iba a retrasarse, avisaba, por eso sus padres tuvieron claro, sólo pocos minutos después, que algo había pasado. Las amigas de la joven explicaron que aquella tarde tenía pensado romper la relación con su pareja, Javier, diez años mayor que ella. Éste aseguró que, tras verse, la había dejado cerca del domicilio familiar, en la carretera de Esplugas.
Las pesquisas de los investigadores no se tradujeron en indicios para llegar a imputarlo. Interrogado en varias ocasiones –primero por el CNP y luego por los Mossos–, siempre mantuvo la misma versión y una actitud fría y distante. Los agentes llegaron a registrar tres kilómetros de alcantarillado que comenzaban en una arqueta del patio de la casa del sospechoso, pero no encontraron nada. La familia Bergua sabe que sin nuevas pistas o indicios, la Policía no tienen hilo del que tirar. Su esperanza es «que alguien tenga remordimiento de conciencia y nos diga dónde está, o que aporte algo nuevo para que podamos descansar, porque esta incertidumbre de tantísimos años... No lo podemos superar», apunta Juan a este diario.
Poco después de su desaparición, un anónimo apuntó que había que buscar los restos de Cristina en el vertedero del Garraf. La Policía Nacional buscó, durante 30 días, pero sin éxito. «Desde que desapareció, hasta hoy, no hemos tenidos ninguna noticia de su paradero», lamenta su progenitor, que sostiene que, con el paso del tiempo, – «tengo ya 76 años»–, es todavía más difícil. Gracias a él, y a otros familiares en la misma situación, bajo el paraguas de Inter-SOS, se creó el Centro Nacional de Desaparecidos para impulsar sus búsquedas. Según el último balance disponible, de 2022, sólo durante esos doce meses desaparecieron 16.652 personas en España. El 90% se esclarecieron en el mismo año, pero desde la creación del centro, hay todavía 6.192 sin resolver.
Por eso la familia Bergua lamenta que, al igual que ellos, muchos otros siguen sin conocer el paradero de sus hijos, que desaparecieron siendo menores. «No dejas de preguntarte qué es lo que pudo suceder, pero no encontramos respuestas». Su ruego, igual que el de los Orrit, y el de tantos otros en su misma situación, la del duelo congelado, es encontrar a sus seres queridos y «tener al menos un cuerpo que llorar».
A las 9.22 horas entró en un Citroen de la Guardia Civil el alguacil de Hinojal para prestar declaración por la muerte de Vicente Sánchez. Hubo que esperar más de cinco horas para ver salir el mismo vehículo del Palacio de Justicia de Cáceres. La expectación era máxima en una zona habitualmente tranquila como la ronda de San Francisco un sábado por la mañana, pero que ayer aparecía repleta de vehículos policiales y agentes.
No fue tan extensa esa declaración como puede sugerir la presencia del detenido, José María Lindo, en los juzgados. Otros asuntos ocupaban a la juez, que no le tomó declaración hasta última hora de la mañana. Duró algo menos de una hora la comparecencia en sede judicial, pero tal y como había ocurrido en la previa, al declarar ante la Guardia Civil, lo que llevó a encontrar el cadáver, el funcionario de Hinojal reconoció los hechos. Hacia las dos de la tarde trascendía que se decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para el que es el único detenido en estos momentos por la muerte de Vicente Sánchez, el jubilado de 79 años al que se dio por desaparecido el pasado 27 de enero.
Las primeras impresiones de la familia son de alivio. «Nos sentimos tristes porque se confirma todo, pero a la vez aliviados», reconoce José Luis Lancho, que ejerce como portavoz. Destaca que el móvil económico del caso «estaba claro desde el principio». «A mi tío le había tocado la lotería pero eso fue hace mucho, ocho años. Podía haber ocurrido entonces y ha sido ahora. Tenía una situación desahogada y esta persona se aprovechó de eso. Ya sabemos qué ha pasado, ahora nos falta el cómo, el cuándo. Si el cuerpo ha estado en ese sitio desde el primer momento en que provocaron la muerte de Vicente...», relataba con voz firme y serena. Lo que ha hecho ya la familia de Vicente, confirma Lancho, es pedir la recuperación de su cuerpo sin vida. «La autopsia nos dicen que ya está concluida y que no faltan más trámites. La hermana ha firmado la documentación y estamos a la espera de que decida la juez. Queríamos traer el cuerpo al tanatorio para enterrarle en el pueblo mañana domingo, pero ya no va a poder ser», asume.
El móvil económico tiene su trasfondo en la propia imputación al detenido que ha terminado con él en prisión. Se alude a robo con violencia en una causa que sigue abierta también por estafa, además del homicidio. La Guardia Civil ha bautizado su investigación como ‘Operación Recuera’ dentro del dispositivo desarrollado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial ( UOPJ) de la Comandancia de Cáceres. En una comunicación a través de su gabinete de prensa, la Benemérita alude a la «autoinculpación en sede judicial» del detenido, tras el trabajo «excelso y minucioso de la investigación». Tiene una abogada de oficio que confirma que sigue llevando el caso, pero que prefiere no manifestarse públicamente por ahora.