El empleado con una incapacidad podrá seguir trabajando si lo decide
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El Ministerio de Trabajo ha remitido una propuesta de anteproyecto de ley al diálogo social que modifica el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar el supuesto de despido automático en el caso de una declaración de i ncapacidad en cualquiera de sus grados, permanente absoluta o total o gran invalidez. La extinción automática del contrato quedaría sólo para el caso de ‘muerte de la persona trabajadora’ una vez que se apruebe el texto legal.
En estos momentos, cuando se produce una declaración de incapacidad no es preciso que el empresario valore si es posible o no acometer los ajustes necesarios para que el trabajador pueda seguir en la empresa. Con la nueva redacción de la norma, no habrá despido si el trabajador decide continuar y siempre que «solicite que se realicen los ajustes razonables en su puesto que le permitan continuar desempeñándolo». Si esta opción no fuera factible para el empresario, por «constituir una carga excesiva», este deberá ofrecer al empleado «el cambio a otro puesto de trabajo vacante compatible con su nueva situación», según se refleja en la norma a la que ha tenido acceso ABC.
¿Qué se entiende por carga excesiva? El legislador en este caso apunta que para determinarla se tendrá en cuenta «si puede ser paliada en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas para personas con discapacidad, así como los costes financieros y de otro tipo que los ajustes impliquen, en relación con el tamaño y el volumen de negocios de la empresa».
El Ministerio de Trabajo argumenta que con esta reforma del Estatuto de los Trabajadores «se pretende garantizar, de una manera eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad que establece la Constitución», además de ajustar la legislación a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Adaptar el puesto
El Gobierno eliminará la supresión automática del contrato de trabajo que ahora determina el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 49.1. Si el empleado lo decide, el empresario deberá adaptar su puesto a la nueva situación o, en caso contrario, o cambiarle a otro.
Europea. Este, en sentencia del pasado 18 de enero, señaló que las leyes españolas incumplían la norma europea cuando permite a la empresa extinguir el contrato de un persona declarada en situación de incapacidad sin estar obligada a valorar la posibilidad de acometer «ajustes razonables». Hoy, la Seguridad Social paga casi un millón de pensiones de incapacidad.
Dos pájaros de un tiro
Con la modificación del Estatuto el Gobierno mata dos pájaros de un tiro. Por un lado, cumple el mandato de la Justicia europea y, por otro, logra más ingresos para l a Seguridad Social, dado que el empleado con una incapacidad que continúe trabajando también seguirá pagando cotizaciones a la Seguridad Social, igual que el empresario. Por este motivo, la memoria económica del anteproyecto asegura que la norma tendrá efectos positivos sobre la economía y que, además, no tendrá ningún coste para la Administración.
Buscar ingresos para el organismo que paga las pensiones ha sido desesperado desde que gobierna Pedro Sánchez. La reforma de pensiones se enfocó sólo hacia los ingresos y la subida de cotizaciones a empresarios y trabajadores ha sido una constante. Durante este año, la combinación de aumento de las bases máximas de cotización, el alza de la base mínima por la actualización del SMI y el recargo sobre el mecanismo de equidad intergeneracional supondrán un incremento superior a los 7.000 millones de euros.
Una inyección para el sistema, que tiene una deuda superior a los 100.000 millones y un déficit contributivo equivalente al 1,9% del PIB (más de 26.000 millones de euros), según un reciente estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en el que se aseguraba que la Seguridad social necesitaría 6,4 millones de afiliados más en el año 2050 para eliminar ese déficit.
Los cambios de Díaz
La modificación legal del Estatuto que persigue el Gobierno se suma a otras muchas que se han acometido ya durante las últimas legislaturas por la vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz. Como ya informó ABC, ésta ha modificado el marco laboral hasta en 25 ocasiones sin contar con el diálogo social, bien tras pactos con sus socios de Gobierno o bien dando el visto bueno a normas que acometieron los distintos ministerios, lo que ha hecho saltar las alarmas entre los empresarios, sobre los que recae el mayor peso de las modificaciones legales que se han llevado a cabo.