El PP lleva a la Oficina de Conflicto de Intereses el vínculo de Begoña Gómez con Air Europa
► Eleva su estrategia contra el presidente, tras arremeter éste contra Feijóo y Ayuso
Nada más acabar la sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo abandonaba el hemiciclo para dirigirse al despacho reservado al líder de la oposición, situado en la zona noble del Congreso. A su lado caminaban varios pesos pesados del Partido Popular. Personas de su máxima confianza, con las que se reunió en ese espacio para analizar lo ocurrido durante el pleno de ayer y adoptar algunas decisiones de calado.
Pocos minutos después de ese cónclave, los populares anunciaban una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses para que se determine la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse en los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables hacia Air Europa, compañía con la que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional su mujer, Begoña Gómez. Primer movimiento extraparlamentario del PP, que desde Génova se justificaba por la intervención de Sánchez en el pleno de ayer.
Una actuación que fuentes del PP consideran fuera de tono e «impropia del Gobierno, que representa a todos los españoles». «Nos ha sorprendido el tono. Que recupere la foto del narco de hace 30 años evidencia su desesperación. Lo que ha pasado nos habilita para hablar de todo a partir de ahora. Estamos más armados de razones que ayer para ampliar el foco de nuestras críticas políticas», exponen estas fuentes, en clara referencia a la mujer del presidente y el conflicto de intereses con el rescate de Air Europa.
Un asunto que la cúpula de Génova había querido que fuera marginal en su estrategia contra la corrupción y que desde ahora será una de las señas de identidad en esa lucha con el PSOE. «Nos han habilitado para hablar de todo y de todos», asumen las fuentes consultadas. El propio Feijóo dejaba entrever ese paso adelante del PP durante su réplica a Sánchez ayer en el Congreso. «Ha cometido un gravísimo error en esta sesión de control. Allá usted. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba de decir», señalaba el líder popular en el cierre de su intervención. Tambores de guerra y advertencia velada para el PSOE.
Pocas horas después, el anuncio de la denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses ponía el foco en Sánchez y en Begoña Gómez. Algo que, según los populares, será habitual a partir de ahora. «El presidente ha activado un interruptor y se le van a hacer largas estas semanas. Tenía que haber sido más prudente. No va a haber un día que no vea su nombre asociado al de Koldo, al de Delcy o al de Air Europa», exponen las fuentes populares.
Movimiento ganador
La denuncia que presentará hoy el PP llevaba días lista y metida en un cajón, en el que dormía junto a otra serie de medidas que el partido tenía preparadas por si Sánchez cruzaba esa línea entre lo político y lo personal. Las referencias del presidente a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y a la amistad de Feijóo con el narco Marcial Dorado han abierto ese cajón, de donde irán saliendo otras acciones que por ahora prefieren mantener en secreto.
La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que dirige José Luis Escrivá, debe analizar ahora si los vínculos probados entre la mujer del presidente y Air Europa constituían un elemento decisivo para que Sánchez se hubiera ausentado en los Consejos de Ministros que trataron del rescate de la aerolínea. Si el proceso desemboca en una inhabilitación, el PP habrá logrado su objetivo; si no lo hace, siempre podrá alegar que el Gobierno se protege a sí mismo. Movimiento ganador en cualquier caso.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, se especifican las decisiones adoptadas por los Consejos de Ministros que beneficiaron al grupo Globalia, al que pertenece Air Europa. Entre ellas, el 3 de noviembre de 2020 se autorizó la aprobación de una «operación de apoyo público temporal » solicitada por Air Europa, lo que se tradujo en una inyección económica de 475 millones de euros.
Unos meses después, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó autorizar un crédito de 320 millones de euros solicitado a la SEPI por Ávoris Corporación Empresarial, grupo resultante de la fusión entre Ávoris Reinventing Travel y Globalia.
En el documento, además de solicitar la inhabilitación de Sánchez por un período de entre 5 y 10 años, se pide la actuación de la Agencia Tributaria para que esclarezca cuál era la relación jurídica que existía entre el Instituto de Empresa, para el que trabajaba la mujer del presidente, y las retribuciones percibidas por ésta.
dando a la opinión pública que actúan de forma parcial, cuando cumplen su función de investigar y perseguir delitos graves». Por este motivo, durante la presentación de la plataforma, Dexeus lamentó que la ley de amnistía siente un precedente que supone «perdonar delitos que contravienen la Constitución». «Ante esta situación es necesario reaccionar para proteger el Estado de derecho», instó.
Por su parte, Pablo Baró, de la Asociación Profesional de la Magistratura, que también secunda el texto, criticó que con la proposición de ley «se ha cruzado una grandísima línea roja que, desgraciadamente, va a hacer que nuestro Estado de derecho se deslice por una pendiente peligrosa». Sobre el texto que contempla el olvido penal para las causas independentistas apuntó que «se ha ido adaptando a la causa de Tsunami y eso hace que esta ley sea perversa en un doble sentido. Tiene nombres y apellidos y transgrede el principio de igualdad ante la ley [de todos los españoles]. Es una ley que se hace contra los jueces, en concreto contra los de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo». En su opinión, se ha convertido a jueces y fiscales en «enemigos del Gobierno», cuando «sin independencia judicial no puede haber Estado de derecho».
«Reparto de cromos»
En el mismo acto, celebrado en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, Roberto García Cenicero, de Foro Judicial Independiente, subrayó que «con ley amnistía los políticos creen que pueden apropiarse del Estado de derecho por contar con la aritmética parlamentaria a su favor, algo que pasa tanto en la derecha como en la izquierda. La separación de poderes no es un reparto de cromos». Además, apuntó que el principal problema de la proposición de ley es que los diputados creen tener el poder suficiente para obligar a los magistrados a «archivar procedimientos en trámite cuando afectan a la propia función de los políticos » , es decir, una « autoamnistía», lo que supondrá, a su parecer, que un Ejecutivo « podrá amnistiar casos de corrupción que les puedan afectar con una apelación al interés general».
«Los promotores de la ley dicen que el objetivo fundamental es superar el conflicto que se dio con el ‘procés’ en Cataluña, pero esta ley incurre en el mismo vicio en el que incurrieron los políticos independentistas en ese momento: creer que un Parlamento está legitimado para hacer cualquier cosa en democracia. Mismo argumento que usan ahora los promotores de la amnistía», censuró.
Tras la presentación del manifiesto, el acto continuó con un debate en el que la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes rechazó que la amnistía pueda favorecer la concordia. Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías apuntó que el empleo de la expresión ‘lawfare’ pretende atacar a los jueces «en una época en la que han confluido intereses diversos que quieren romper el Estado y la democracia liberal», y en la que «el único escollo» para conseguir ese objetivo son los jueces independientes».
Cristina Dexeus Asociación de Fiscales (AF) «El discurso político, incluso desde el Gobierno, está tensando el sistema con sus ataques a los profesionales de la judicatura»
Pablo Baró Asociación Profesional de la Magistratura (APM) «Se ha cruzado una grandísima línea roja que va a hacer que nuestro Estado de derecho se deslice por una pendiente peligrosa»