LA CADENA DE CUSTODIA
Enero de 2022
Antonio Navarro Tacoronte hace entrega de sus dos teléfonos móviles a la Policía tras haber sido detenido por estafa. Confiesa ante los investigadores la existencia de una supuesta trama de mordidas.
Abril de 2023
El inspector jefe Francisco Moar, que inicialmente lideraba las pesquisas, es apartado del caso por decisión de la instructora ante la sospecha de que estuviera filtrando información. Los móviles pasan a ser custodiados por el Grupo de Delitos Tecnológicos.
Marzo de 2024
El Grupo de Delitos Tecnológicos entrega los móviles al juzgado tinerfeño al frente de la causa. nales que Antonio Navarro Tacoronte entregó tras su detención en enero de 2022: un Iphone 11 Pro Max, cuyo volcado arrojó un total de 63 gigabytes de datos y un Iphone modelo 7Plus, con 65 gigabytes de información, que se traduce en más de 100.000 imágenes, 42.000 archivos de audio, 3.000 vídeos y más de 2.000 documentos. Tras el requerimiento de la magistrada Lorenzo-Cáceres a la Policía, ambos terminales se encuentran ya bajo custodia del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña.
Ofensiva judicial
Sobre la ofensiva judicial iniciada por Francisco Moar, en la actualidad jefe de sección de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), fuentes jurídicas explican a este diario que en su denuncia alegaba dos cuestiones. Por un lado, las presuntas injurias y calumnias que habría sufrido por parte de otros policías que con anterioridad le habían denunciado por acoso laboral. Y, por otro, la supuesta sustracción de los móviles del mediador de su despacho, por parte de otros agentes, según él, sin autorización. El escrito recayó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz, que incoó diligencias previas para el primero de los asuntos –ya ha solicitado el expediente–, pero envió a reparto el supuesto robo, al no apreciar conexión entre los hechos.
En lo que se refiere a la queja presentada contra la instructora Lorenzo-Cáceres ante el CGPJ, fuentes del órgano de gobierno de los jueces explican que la misma se encuentra en fase de ratificación. Si Moar sigue adelante, el promotor de la acción disciplinaria, encargado de instruir todas las quejas que se reciben contra magistrados, pediría informe a la jueza del caso Mediador para que presente alegaciones con su versión de los hechos.
Si tras el análisis de la documentación se apreciara materia disciplinaria, se podría seguir practicando diligencias y abrir un expediente disciplinario. En caso contrario, el asunto quedaría archivado.
No es la primera vez que los teléfonos de Navarro Tacoronte están en el ojo del huracán. El pasado mes de febrero la Audiencia Provincial de Canarias zanjó las dudas vertidas al respecto. El mediador buscaba invalidar las pruebas obtenidas de sus terminales, origen y base inicial de la investigación contra él, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y un puñado de empresarios implicados, alegando que no entregó los terminales a la Policía de forma voluntaria.
Pero los jueces desestimaron íntegramente su recurso, validaron la actuación de la instructora y rechazaron devolverle los dispositivos, cuya entrega, concluyeron, había facilitado y consentido él mismo. «El hecho de que el investigado con posterioridad haya cambiado de dirección letrada y optado por una estrategia de defensa distinta no puede afectar a lo por él voluntariamente manifestado», rezaba el auto, que indicaba también que se habían respetado todas sus garantías procesales.