La crisis del campo debe convertirse en un ‘asunto de Estado’
► Los agricultores piden la implicación de otros ministerios, como Hacienda, Trabajo o Transición Ecológica
Lejos de resolverse, el malestar de los agricultores parece ir a más. Tras más de un mes de protestas que, ya han avisado, continuarán en los siguientes meses. De hecho, la cita más inmediata es este miércoles en el Puerto de Sevilla, donde organizaciones y cooperativas bloquearán la entrada y salida de mercancías.
Y es que, al inicio de las movilizaciones, dio la impresión de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, hacía todo lo posible por llegar a acuerdos con las organizaciones agrarias, a las que convocó tres veces a sendas reuniones.
Sin embargo, semanas después, parece haberse avanzado poco. Aunque sí se han anunciado varias medidas favorables para el campo, como la voluntariedad del cuaderno digital de explotación, las organizaciones agrarias andaluzas consideran que «apenas se ha puesto nada concreto sobre la mesa».
« Si l a i ntención del ministro de Agricultura es cansarnos, que se nos olvide y paremos las protestas por agotamiento, no lo vamos a hacer», aseguraban los representantes de las organizaciones sevillanas en el anuncio de las próximas acciones.
Además, el presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, recordaba una de las claves para entender por qué parece haberse la profunda crisis: para buscar soluciones, no solo entra en juego el ministerio de Agricultura, sino que también deberían hacerlo el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, pues parte de las medidas que reclaman los agricultores son de su ámbito de actuación.
«La crisis del campo debería tratarse como un asunto de Estado, igual que se ha hecho en Francia. Queremos que el presidente Pedro Sánchez se siente con las organizaciones, al igual que los ministros implicados», reclamaba Serra. Y es que hay medidas, solicitadas hace meses por los productores, que ni siquiera han salido a relucir en las declaraciones más recientes de Planas. Entre ellas, la puesta en marcha de incentivos fiscales y laborales y, en definitiva, menos cargas administrativas, para que el fomento del relevo generacional sea una realidad.
Política ‘anti productiva’
«Si la Comisión Europea y el Gobierno de España se empeñan en continuar con esta política restrictiva y anti productiva, conseguirá que los profesionales que vayan quedando abandonen aburridos de papeleo, restricciones, controles y sanciones», afirman desde Asaja.
Por otra parte, en materia laboral, exigen que se bonifiquen las cotizaciones sociales « para que el sector pueda asumir los incrementos salariales, superiores al IPC, y derivados de las consecutivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI)».
«Las subidas consecutivas, y porcentualmente desorbitadas, del SMI, unidas a los nefastos efectos de la reforma laboral, están impactando en la productividad y en el empleo agrario», avisan desde la patronal. De hecho, en los últimos seis años, se han perdido 140.000 empleos en el sector agrario a nivel nacional, y más de 50.000 en Andalucía.
Por otro lado, desde el sector reclaman la subida del IVA para los productos agrarios, la única forma, aseguran, de poder ‘aliviar’ en algo la subida de costes sufrida en los últimos años. «Si ahora el IVA está en el 12% para los productos agrícolas, debería subirse al menos, al 14%», reclamaba
Ramón García, secretario general de COAG Sevilla.
Por otra parte, las medidas anunciadas por Bruselas el pasado vienes, se centran en revisar algunas disposiciones de la PAC relacionadas con la condicionalidad y los planes estratégicos nacionales. Esto se une a la ‘avanzadilla’ anunciada en febrero, en la que destacaba la eliminación completa de la obligación de dejar tierras en barbecho, recogida en una de las buenas prácticas agrarias y medioambientales (BCAM) de la condicionalidad, en concreto en la BCAM 8.
Además, la Comisión propondrá también en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que se celebrará el próximo día 26, que las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas queden exentas de los controles y las sanciones de la condicionalidad. Según detallaba el ministro Planas, la exención de los pequeños productores beneficiará a 345.000 de los 620.000 declarantes de la PAC en España.
De otro lado, Bruselas abre la puerta a que los Estados miembros puedan modificar sus planes estratégicos nacionales dos veces al año en lugar de una. A pesar de todo esto, los agricultores consideran «insuficientes» y, sobre todo, «tardías», estas medidas. « No nos sirve de nada que se aprueben ciertas flexibilizaciones de la PAC a finales de abril si llegan tarde para nosotros», lamentaba Ricardo Serra, de Asaja Sevilla. Y es que, insistía, «las medidas que se tomen de cara a este año, tanto por parte del Gobierno de España como de la Comisión Europea, tienen que hacerse ya, que es cuando los productores están haciendo la solicitud de la PAC, los planes de siembra».
Las medidas fiscales son una de las grandes reivindicaciones del sector agrario