Fedea defiende la implantación de peajes para financiar carreteras
► Aboga por crear una agencia independiente que evalúe previamente las infraestructuras
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) encuentra algunas fallas en el sistema de infraestructuras español y cree que, tal como está redactada, la ley de movilidad sostenible que se tramita ahora en el Congreso no servirá para corregirlas. El organismo apunta en su análisis correspondiente al tercer número de su serie Food for thought: aportaciones al debate sobre políticas públicas, dedicado a las políticas e infraestructuras de transportes «la ausencia de una planificación integrada y en la desatención a los criterios económicos de rentabilidad social en beneficio de la rentabilidad política a la hora de seleccionar los proyectos a realizar», que cree que ha sido la tónica de todos los gobiernos españoles en las últimas décadas. «Hemos invertido muchísimo dinero en infraestructuras punteras que en algunos casos son más de lo que necesitamos, pero tenemos carencias importantes en otras áreas», señaló ayer el economista de Fedea, Ginés de Rus, en la presentación del informe.
Fedea señala hasta cuatro reformas que podrían introducirse en la ley de movilidad sostenible y que servirían para ayudar a elaborar proyectos de infraestructuras más rentables y eficientes. Empezando por revolucionar la estructura del aparato administrativo. «Debemos superar la tradicional organización modal. Es necesario establecer una unidad de planificación con una perspectiva global del conjunto del sistema de transportes», apunta el organismo en su análisis.
En este sentido, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, puso el ejemplo de la estructura del Ministerio de Transportes, donde existe un departamento para cada modalidad de transporte. «Toda la red del AVE duplica a la de aeropuertos. Estamos volviendo a cubrir dos veces una necesidad. Con un aparato único esto no ocurriría», ha remarcado el experto de Fedea.
Asimismo, Fedea apuesta por crear un organismo de evaluación ajeno a las instituciones públicas que someta a una evaluación «ex ante» a los proyectos que superan un umbral mínimo de rentabilidad social. «Esta tarea ha de recaer sobre una agencia independiente, también presupuestariamente, y con personal con el conocimiento necesario».
La tercera de las patas de la propuesta de Fedea pasa por rediseñar los contratos de concesión. «El reparto de riesgos entre las partes ha de tener en cuenta sus respectivas ventajas comparativas para gestionarlos o soportarlos y generar incentivos para operar de forma eficiente», reclama el
El organismo plantea usar los ingresos del pago por uso para reducir los tributos de matriculación y circulación
‘think tank’. «Los riesgos ordinarios de construcción y operación han de asignarse al operador y los riesgos extraordinarios o catastróficos al sector público. En materia de carreteras, las concesiones de plazo variable pueden ser un instrumento útil para gestionar el riesgo de demanda», añaden.
Pero sobre todo, Fedea aboga por cambiar el sistema de financiación de las infraestructuras, estableciendo la tarificación en las carreteras españolas –que el Gobierno eliminó de su compromiso con Bruselas para recibir los fondos europeos de recuperación–, pero compensando al usuario con otros incentivos. La propuesta del ‘think tank’ habla de establecer peajes de mantenimiento «que reflejen los daños causados por los distintos tipos de vehículos» y también por congestión para acceso a centros urbanos, como ya se hace en algunas grandes capitales europeas como Londres.
Por otro lado, Fedea plantea la posibilidad de introducir impuestos sobre los combustibles que reflejen las emisiones generadas introduciendo a la vez subvenciones al transporte colectivo urbano. Como devolución al usuario, el organismo propone que los mayores ingresos obtenidos con todas estas medidas «podrían utilizarse para reducir los impuestos generales y los impuestos de matriculación y circulación, haciendo políticamente más viable una reforma en esta línea».