El Govern excluye las pensiones de la soberanía fiscal catalana para ahorrarse 5.000 millones
► Avisa de que la aportación a la solidaridad regional del cupo catalán solo se aplicaría por unos años
La soberanía fiscal plena que aspira a conseguir el actual gobierno de la Generalitat con su propuesta de asumir la liquidación, gestión y recaudación del 100% de los impuestos que se generan en Cataluña no incluye sin embargo el sistema de Seguridad Social. El presidente de la Generalitat y líder de ERC, Pere Aragonès, aclaró ayer en un acto público en Madrid que el perímetro de esa autonomía fiscal se limitará de momento al ámbito puramente impositivo y no se extenderá al cobro de las cotizaciones sociales de los trabajos ni al pago de las pensiones.
El Gobierno de Cataluña tiene razones económicas de peso para hacerlo así. Mientras que la gestión del conjunto de los impuestos que se pagan en Cataluña metería en la caja de la Generalitat de una tacada algo más de 26.000 millones de euros extra para atender sus políticas, que ahora acaban en las arcas del Estado o se destinan a la redistribución de recursos entre comunidades autónomas dentro del sistema de financiación, asumir la gestión del sistema de Seguridad Social le obligaría a asumir el agujero cercano a los 5.000 millones de euros que, según los datos de las balanzas fiscales recién publicados por el Ministe
Saldo del sistema de pensiones
Millones de euros
Castilla-La Mancha rio de Hacienda, existe entre las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores residentes en Cataluña y las pensiones que se pagan a su población jubilada.
Cataluña asoma de hecho en los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda como la comunidad autónoma en la que ese desequilibrio entre los ingresos y los gastos es mayor, de casi 4.800 millones de euros, por delante de Andalucía, Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana. En realidad, solo la Comunidad de Madrid e Islas Baleares podrían sufragar las pensiones de sus habitantes con los ingresos que se generan por cotizaciones sociales en su territorio (ver gráfico).
Hay que recordar que desde hace una década es el Estado el que sufra
ga el desequilibrio estructural del sistema público de pensiones con recursos de los Presupuestos o mediante emisiones de títulos de deuda, que igualmente se financian con la caja común, por lo que de facto son los impuestos de todos los españoles los que dan cobertura a ese agujero entre los ingresos y los gastos del sistema de pensiones.
Solidaridad condicionada
En plena precampaña de las catalanas del 12 de mayo, Pere Aragonès se presentó ayer en Madrid para defender su propuesta de financiación, que viene a ser una suerte de cupo catalán, como un hito más en el camino hacia el autogobierno de Cataluña y como un paso decisivo hacia su autonomía fiscal total, uno de los ‘ leitmotiv’ que movieron la declaración fallida de independencia del 1 de octubre de 2017.
«Nos dicen que es imposible que saquemos esto adelante, pero también lo dijeron con la ley de amnistía», subrayó el presidente en funciones de la Gobierno catalán, que advirtió al Gobierno central de que la Generalitat no admitirá ninguna negociación sobre esta propuesta que no sea bilateral. Respondía así a las declaraciones realizadas el día antes tanto por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que remitieron la propuesta al foro multilateral del Consejo de Política Fiscal.
Aragonès reveló también algún detalle más sobre su propuesta, en concreto en lo que se refiere a la aportación catalana a la solidaridad interterritorial que se prevé en el documento presentado el martes por la Generalitat. Dijo que esa aportación se definiría en una negociación entre Generalitat y Gobierno central, que estaría condicionada a la eficacia en el uso de esos recursos y al cumplimiento de una serie de objetivos por parte de las comunidades autónomas receptoras, de forma que de no cumplirse esos objetivos no se abonaría, y que en cualquier caso su duración sería «limitada en el tiempo», es decir, que no sería permanente.
«Cataluña ya ha aportado más que suficiente a la solidaridad entre territorios durante los últimos años», se justificó el presidente de la Generalitat, enarbolando las cifras elaboradas por los expertos convocados por el Gobierno catalán que estiman en 22.000 millones de euros el déficit fiscal anual acumulado hacia Cataluña en los últimos años. El saldo no tiene en cuenta el sistema de pensiones, claro.
Cataluña es la autonomía en la que existe un mayor desequilibrio entre los ingresos por cotizaciones y el gasto en pensiones