EN EL PUNTO DE MIRA
El criterio del Supremo
El Supremo anuló un programa de subvenciones de 30,6 millones del Ministerio de Trabajo por lo que consideró como una insuficiente acreditación de la situación extraordinaria con la que se justificó esa asignación directa.
Despliegue del Ingreso Mínimo Vital
Entre 2021 y 2022 el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social asignó más de 200 millones de forma directa a comunidades autónomas, grandes ayuntamientos y organizaciones sociales para proyectos piloto de itinerarios de formación del Ingreso Mínimo.
Ayudas del SEPE
También en 2021 Trabajo asignó a cuatro comunidades autónomas una serie de ayudas directas con fondos europeos para proyectos hacia colectivos vulnerables y emprendedores.
firmar, al menos, dieciocho convenios para mejorar la eficacia de los itinerarios de integración para los beneficiarios del régimen del Ingreso Mínimo Vital y otros colectivos vulnerables», presumía el Ministerio.
Entre los beneficiarios de las ayudas distribuidas por el Ministerio de Inclusión, la totalidad de los gobiernos autonómicos; el de la Ciudad Autónoma de Ceuta; los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Santander; y organizaciones sociales como el Secretariado Gitano, Cáritas España, Cruz Roja, Ayuda en Acción, Plena Inclusión y Save the Children.
Fuentes jurídicas consultadas por ABC advierten de que la sentencia del Supremo ha puesto el foco en la necesaria acreditación de las circunstancias que justifican eludir el procedimiento ordinario establecido en la Ley de Subvenciones y que bajo este parámetro las subvenciones con fondos europeos adjudicadas de forma directa están en el punto de mira.
En el caso de estas ayudas, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sostuvo la concurrencia de las circunstancias excepcionales que justifican la utilización del mecanismo extraordinario de la concesión directa de subvenciones a estos organismos en la necesidad de «garantizar un procedimiento ágil para dar respuesta al acuerdo de consecución de hitos concretos para la ejecución del Plan de Recuperación,» y a «la importancia capital de estas actividades para la aplicación de la política de inclusión del departamento y para coadyuvar en la consecución de los fines de la inclusión social».
Desde el organismo que ahora dirige Elma Saiz se entiende que esta justificación es lo suficientemente sólida como para no ofrecer flanco alguna a una posible revocación. Fuentes del Ministerio señalan a ABC, a este respecto, que «las subvenciones relacionadas con los proyectos de itinerarios de inclusión se han concedido con el mayor rigor y ajuste a la ley y, por tanto, no consideramos que se vaya a producir ningún problema con ellas en el futuro».