Montero exprime Sociedades y el IRPF para bajar el déficit al 3,7%
► Los 13.697 millones extra por estas figuras permiten recortar el agujero de las cuentas
Al margen del revés judicial a las ayudas distribuidas a los agentes sociales, el Ministerio de Trabajo tiene más motivos para la preocupación. En octubre de 2021 aprobó un real decreto de concesión directa de subvenciones desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana para un conjunto de proyectos orientados a la inserción laboral de colectivos vulnerables y al impulso del emprendimiento y la microempresa en los ámbitos verde y digital. En aquella ocasión justificó la utilización de la adjudicación directa en el carácter presuntamente prioritario de contribuir a las inversiones realizadas en esos objetivos, y en la situación creada tras la pandemia.
El Gobierno enviará en los próximos días a la Comisión Europea una aseada cifra de déficit público del 3,66%, inferior al 3,9% que Hacienda se había marcado como meta para 2023 y sobre el papel un paso importante para dejar el desequilibrio de las cuentas de las administraciones públicas españolas por debajo del 3% este año, como el Ejecutivo se ha comprometido a hacer con las autoridades europeas y como sería aconsejable para no entrar en el nuevo marco fiscal europeo con el pie cambiado.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atribuyó ayer el logro al fenomenal desempeño de la economía, que lideró holgadamente el crecimiento de la eurozona el año pasado, y al crecimiento del empleo, que vinculó a las políticas gubernamentales; y también a una política de prudencia presupuestaria que estaría permitiendo, a su juicio, avanzar en el objetivo de la consolidación fiscal «sin recortar los servicios públicos como se hizo en los años del austericidio».
Los datos difundidos ayer por el Ministerio de Hacienda cuentan otra historia. Si las administraciones redujeron su desequilibrio el año pasado desde el 4,73% al 3,66% fue por la aportación del Estado, que redujo su déficit en prácticamente un punto del 3,06% al 2,11%; y si el Estado pudo reducir su déficit fue por la aportación fiscal de las rentas del trabajo y de las rentas de los empresarios, precisamente los dos ámbitos sobre los que organismos inter
Mejora de la recaudación en 2023
En millones de euros
IRPF
IVA
nacionales y expertos aconsejan reducir la presión fiscal.
El IRPF aportó 10.795 millones extra, elevando sus ingresos un 9,9%, en un contexto en el que según reconoce la Agencia Tributaria en sus informes la subida de las rentas de los trabajadores está elevando el tipo efectivo del impuesto como consecuencia de la progresividad en frío, a la que desde Hacienda apenas se atribuye una tercera parte de esa recaudación extra. Los ingresos por Sociedades aumentaron también en 2.884 millones, otro 9%. Entre ambos, aportaron cerca de 13.700 millones de euros extra, que sostuvieron la reducción de 10.348 millones del déficit del Estado.
Porque tanto los ingresos por IVA como los conseguidos por impuestos
Impuesto de Sociedades
El pago de subvenciones por parte del Estado cayó un 40%, tras la retirada de algunas de las medidas contra la inflación
especiales se situaron por debajo de lo previsto por primera vez desde la pandemia, si bien afectados por las rebajas fiscales aún en vigor.
Con todo, los ingresos tributarios del Estado volvieron a marcar un nuevo récord: 271.935 millones de euros.
El recorte del déficit dependió de los ingresos porque el Gobierno no fue capaz de reducir el gasto del Estado en 2023. El recorte de cerca del 40% de los pagos en subvenciones, como consecuencia de la retirada de algunas de las medidas para luchar contra la espiral inflacionista, principalmente las bonificaciones al combustible, sirvió para compensar la inercia al alza de los gastos de personal, de las ayudas sociales y de la creciente carga de intereses de la deuda.
El recorte del déficit del Estado permitió corregir la desviación al alza del déficit de las comunidades autónomas, que se fue hasta el 0,9% frente al 0,6% que tenían como objetivo, en pleno fragor del año electoral. El desequilibrio de la Seguridad Social también se ensanchó, del 0,44 al 0,56%.