Con una lesión y cargando bombonas
tapón de combustible, el claxon o los bajos de los vehículos. Tras comunicarle un expediente disciplinario por el cúmulo de irregularidades, se dio de baja por «depresión cerebral». El juzgado de primera instancia declaró procedente su cese tras aceptar la prueba testifical de la investigadora, que había sido impugnada por el demandante con la excusa de que vulneraba su derecho a la intimidad. El TSJA ratificó la pérdida de su empleo.
Aunque eran menos frecuentes, en las ITV de algunos municipios se han descubierto a inspectores que gestionaban establecimientos mecánicos clandestinos y hacían todo lo posible para revisar el coche de sus clientes tras el obligado paso por su taller, prácticas que constan en la base de datos de jurisprudencia. Estas conductas fraudulentas se han extinguido con las revisiones aleatorias.
Lo que no se ha desterrado por completo es la baja injustificada, actualmente el fraude laboral más común que se da en Veiasa. La tasa de absentismo de la plantilla no es excesivamente alta, que ronda entre el 5 y el 6 por ciento. La casuística es variada y abarca desde actividades incompatibles con la enfermedad o lesión hasta ejercicios físicos que retrasan o perjudican la recuperación del empleado.
Veiasa por despidos disciplinarios tras grabar a sus empleados practicando incluso deportes de riesgo estando de baja laboral
Cada año se registran entre tres y cinco casos que empujan a la empresa pública de las ITV a recurrir a su particular Colombo para intentar atar cabos y aplicar un despido disciplinario al trabajador que comete una falta muy grave. Salvando las distancias con el peliculero detective con gabardina, la labor de estos profesionales habilitados expresamente para investigar es un apoyo fundamental para desenmascarar a los defraudadores.
Las pruebas documentales que obtienen, como grabaciones de imágenes o voz, luego son aportadas por Veiasa en la vista oral de un Juzgado de lo Social, donde acaban dirimiéndose estos ceses. Otras entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, como la Fundación Andalucía Emprende, han contratado a detectives para que les proporcionen pruebas del engaño.
Los informes que elaboran dichos investigadores privados adquieren el valor de una prueba testifical documentada en un juicio. A menudo son decisivos para inclinar la balanza a favor de la empresa. La mayoría de los pleitos se ha saldado con sentencias favorables a la empresa pública gracias a las certezas jurídicas que recogen en sus informes los investigadores privados, que posteriormente acuden a los juicios para ratificar su contenido.
Las evidencias se obtienen mediante el seguimiento de las actividades del investigado en su vida cotidiana y, a veces, cotejando sus publicaciones en redes sociales, que funcionan como chivatos en una sociedad hiperconectada.
Hay casos que desafían al sentido común. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla avaló el despido de un administrativo de Veiasa en Huelva que se dio de baja alegando que sufría artritis y un síndrome del túnel carpiano que le causaba el adormecimiento de las muñecas, «sin que haya prueba objetiva alguna que permita corroborar las secuelas» que decía padecer, según relata la sentencia dictada el 4 de diciembre de 2003. El tribunal confirmaba que el trabajador había «ocultado su aptitud laboral» para prolongar la baja. Un detective lo sorprendió conduciendo un vehículo hasta la localidad onubense de El Campillo, a 80 kilómetros de la capital, descargando unas bombonas de butano desde su vehículo hasta su domicilio, y limpiando los asientos de su coche, como detallaba la carta de despido.
No todos los casos son tan obvios. Otro inspector de un centro de ITV contratado en marzo de 2019 se dio de baja al mes de haber empezado a trabajar a causa de una colitis ulcerosa. Veiasa lo sancionó con su cese al descubrir que practicaba deportes de riesgo que entorpecían su curación. Lejos de guardar reposo, había sido cazado por un detective realizando ciclismo durante varias horas, «así como la ingesta de bebidas alcohólicas», detallaba la sentencia emitida por la Sala de lo Social del TSJA en Granada. Dichos ejercicios requieren «un esfuerzo bastante más exigente que el necesario para desempeñar las tareas propias de su puesto de trabajo», especificaba la carta de despido enviada al empleado.
NO por casualidad, Pere Aragonés, al anunciar su proyecto de financiación, no se refirió a España, a Madrid, a las demás comunidades… sino a Andalucía. En la Transición, Andalucía ya fue determinante para frenar la España asimétrica del 151, que era la hoja de ruta del nacionalismo catalán, y defendió el café para todos, hallazgo de Manuel Clavero. Eso abortó los planes nacionalistas, a los que siempre se les ha indigestado, sobre todo en Cataluña, estar en régimen de igualdad con los demás territorios, salvo forales. Ahora lo tienen claro: controlan a un gobierno débil de PSOE+Sumar, por más postureo que éste exhiba, y ya han demostrado que lo pueden chantajear… así que dan por hecho que Sánchez al final pasará por caja.
Las palabras de Aragonés no se prestan a matices: «Yo no voy a decir a los ciudadanos de Andalucía cuál es el sistema de financiación que necesitan; que ellos defiendan sus intereses, siempre. Pero no voy a aceptar que me digan ni que limiten cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita. Por tanto, nuestra negociación a va ser bilateral». Por supuesto, el argumento es ridículamente tramposo. Si Cataluña actúa bilateralmente para romper el modelo de redistribución territorial, estará decidiendo el sistema de financiación de Andalucía, beneficiaria por su menor nivel de riqueza. En fin, todo muy progresista, por cierto.
Todavía hay que frotarse los ojos para entender a Juan Espadas afirmando que esa es una demanda que rechazan pero legítima. ¿Legítima de qué? Por supuesto, Espadas no piensa que cada cual tiene legitimidad para reclamar lo que se les antoje –en ese caso, deberían calificar de legítima cualquiera idea de Vox, en lugar de rasgarse las vestiduras como de costumbre– y sus palabras deben entenderse sólo como gesto de respeto hacia Esquerra. La sumisión del PSOE provoca sonrojo.
Claro que, de momento, en el PSOE, y el propio Espadas, no admiten este debate. Pero conviene insistir en algo obvio: hasta el 23J no admitían el debate de la amnistía, y ahí está, defendida por los socialistas como una solución maravillosa. Si ya han pasado por el aro tragando hasta la última coma exigida por Puigdemont, ¿por qué no van a hacerlo con la financiación? Es exactamente lo que, con toda lógica, dice Aragonés: «Nos dirán que es imposible, nos dirán que es inconstitucional, como nos decían que eran imposibles e inconstitucionales los indultos, y como nos han dicho que era imposible e inconstitucional la amnistía… y ya se está tramitando esa amnistía que era imposible». No hay absolutamente ninguna razón para suponer que el Gobierno Sánchez no vaya a hacerlo de nuevo.
El proceso es previsible, después de verlo repetido: de momento, antes de las elecciones, dicen que no; después admitirán una negociación proclamando que el diálogo es el espíritu de la democracia; después Sánchez admitirá que hay que hacer «de la necesidad, virtud» y experimentará un nuevo ‘cambio de opinión’… y el partido se plegará, como ha hecho hasta ahora, ya sea aplaudiendo con el entusiasmo de grupi enardecida de María Jesús
Montero, ya a regañadientes como Page.
El nacionalismo catalán tiene clarísimo que, después de la amnistía y antes de la consulta, es el momento de ir a por la pasta. Turull lo resume fácil: «El PSOE tiene claro que el acuerdo al que ha llegado con Junts no es para reforzar el café para todos. Y por tanto, en el tema de la financiación, tampoco. Si el PSOE piensa que Junts per Catalunya colaborará con el café para todos, para fortalecerlo, que se vaya olvidando de nuestros votos». Blanco y en botella.
Los golpes de pecho que se dan estos días en el PSOE, negando todo,
No es raro que el Parlamento de Andalucía apruebe las gafas gratuitas. La miopía política es uno de nuestros males. Ahí está el aluvión de críticas de toda la oposición, en el propio Parlamento, ante la ausencia de Juanma Moreno en la sesión de control debido a la visita al Papa. A ver quién les hace entender que con la visita a Roma, Juanma Moreno estaba haciendo su trabajo.
Otra cosa es que, dentro de la retórica al uso en estas visitas más formales que sustanciales, se le pueda dar más o menos entidad. Lo de pedir al Papa que rece para que llueva en Andalucía recuerda aquella ironía de Bertrand Rusell sobre quienes creían que la política hidrológica consistía en sacar santos locales en procesión. Más vale hacer desaladoras.
Pero Moreno hizo lo que tenía que hacer, y desde la oposición hicieron… el ridículo. Ahí brilló el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, reclamando «menos viajes propagandísticos y más rendir cuentas» del presidente andaluz. Claro que no se puede descartar que estuviera pensando en Yolanda Díaz, la líder espiritual de Por Andalucía, que ya ha ido dos veces a ver al Papa al que venera con arrobo. Entre Podemos y Sumar siempre brillan las navajas.
En el PSOE optaron por un perfil más bajo —a riesgo de ver rescatada la imagen de Carmen Calvo en el Vaticano de riguroso negro con la cinta de la Real Orden de San Carlos, una de esas condecoraciones que los gobiernos se dan a sí mismos– pero han acusado a Moreno de «falta de respeto al Parlamento» cuestionado sus ausencias en las sesiones de control. Una mala idea. Toni Martín le dio un baño estadístico de realidad: Juanma Moreno ha faltado a dos sesiones de las cien que se han celebrado, y les recordó que Chaves batió un récord faltando incluso a cuatro consecutivas o que Sánchez ha estado un año entero sin ir a las sesiones de control al Senado.
El enemigo público nº2 del PSOE es la hemeroteca.