Moncloa evita las Cortes y no explica la conexión de Rusia y el secesionismo
► Óscar López y la directora de Seguridad Nacional no acudieron a la cita para explicar el informe de 2022 en el que se constatan esos vínculos
Cuando ya se ha aprobado el Informe de Seguridad Nacional de 2023, el Gobierno de Sánchez sigue sin acudir al Congreso de los Diputados para rendir cuentas de lo que se refiere al de 2022. Este informe fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 12 de abril. Ha pasado casi un año y La Moncloa no ha rendido cuentas ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. El encargado de esa rendición de cuentas es Óscar López, director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, bajo cuya estructura se halla el Departamento de Seguridad Nacional.
El martes pasado la presidenta de esta comisión, la popular Ana Pastor, envió una carta de queja a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, para denunciar que La Moncloa comunicó cuatro días antes – 15 de marzo– que ni López ni la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez Hurtado, podían acudir a la comparecencia a la que habían sido citados el pasado jueves, 21 de marzo. Pastor explica en su escrito que esa fecha había sido acordada por la Mesa de la comisión mixta «tras mantener sucesivos e infructuosos contactos con el gabinete de la Presidencia de Gobierno».
Es la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional la que, en su artículo 13.1, establece que a las Cortes Generales «les corresponde debatir las líneas generales de la política de Seguridad Nacional, a cuyos efectos el Gobierno presentará a las mismas, para su conocimiento y debate, la Estrategia de Seguridad Nacional, así como las iniciativas y planes correspondientes».
El siguiente apartado de ese misa misma ley, el 13.2, fija que es en esa comisión donde «comparecerá anualmente el Gobierno, a través del representante que designe, para informar sobre la evolución de la Seguridad Nacional en dicho período de referencia.
En uno de los apartados de dicho informe se recuerda que la Comisión Europea cuenta con una Comisión Especial sobre Injerencia Extranjera que adoptó un informe en el que se abunda en la necesidad de armonizar las normativas nacionales para evitar la financiación encubierta de actividades políticas por parte de donantes extranjeros.
En este sentido, declara que las actividades como «los hallazgos sobre los contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes» requieren «una investigación en profundidad», ya que se considera que estas prácticas forman parte «de la estrategia más amplia de Rusia de utilizar todas y cada una de las oportunidades para manipular el discurso con el fin de promover la desestabilización».
Esas campañas de desinformación son, junto a la vulnerabilidad del ciberespacio y energética, los tres principales elementos de riesgo en un contexto de deterioro para la Seguridad Nacional. El informe expresa como prioridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el seguimiento de las actividades de espionaje e injerencia contra intereses españoles, con el objetivo de prevenir acciones hostiles de terceros países «que puedan alterar la estabilidad política, social y económica de España, así como la soberanía y la integridad territorial».