Los inspectores de Hacienda avisan de que el cupo catalán aumentaría el fraude fiscal

► Rechazan la propuesta por «inconsitucional», y aseguran que tendría «graves consecuencias» en el control tributario Gestión de las retenciones afectada La Agencia Tributaria, moneda de cambio

Rechazo frontal de los inspectores de Hacienda a la propuesta del Gobierno de la Generalitat de Cataluña para conseguir su «plena soberanía fiscal». Consideran que la iniciativa que presentó la semana pasada el Ejecutivo de Pere Aragonès es «inconstitucional», incumpliría los principios de igualdad, solidaridad y justicia, aumentaría el fraude fiscal y deterioraría los servicios al ciudadano, al mismo tiempo que fraccionaría la Agencia Tributaria.

Así se desprende del análisis realizado ayer por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que alerta de que el modelo propuesto supondría la desaparición de la AEAT en Cataluña. Los inspectores de Hacienda han estudiado la propuesta de reforma de la financiación catalana del Ejecutivo de ERC, que se inspira en los modelos fiscales vasco y navarro (contemplados en la disposición adicional primera de la Constitución), y que pretende que Cataluña pueda liquidar, gestionar e ingresar el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio. El 20% del PIB que representa Cataluña choca con el 6-7% de País Vasco y Navarra: «El agujero sería mucho mayor», afirmó el vocal y portavoz de la asociación, José María Peláez.

«La cesión del cien por cien de los tributos a Cataluña no tiene ninguna cobertura legal ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), ni en las normas de desarrollo», apuntó Peláez, que analizó en la presentación las consecuencias jurídicas y económicas de la pretendida soberanía fiscal de Cataluña: «Si esta comunidad, que representa el 20% del PIB, deja de dotar de fondos al Estado, las comunidades autónomas van a recibir menos importe y los ciudadanos van a estar peor financiados, va a haber menos servicios…», enumeró.

Según los cálculos incluidos en la propuesta la Generalitat, detalló Peláez, «la recaudación pasaría a 52.000 millones, duplicando el volumen de ingresos al que llegan actualmente». «Si Cataluña se queda con el 100% de los impuestos, estaría privando al Estado de dotar los fondos para lograr una cohesión social y territorial, entre todas las comunidades autónomas y todos los ciudadanos del territorio nacional», dijo, insistiendo en que el modelo propuesto por Cataluña establece

La propuesta de la Generalitat podría afectar a la gestión de las retenciones –más del 80% de los ingresos de IRPF de 2022 fueron retenciones de trabajo y actividades profesionales–. Si se fraccionara, se establecerían más obligaciones a los contribuyentes y existirían dificultades para la gestión de devoluciones de contribuyentes con rendimientos en diferentes CC. AA.

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