Gestión en las regiones, choque en Madrid y la gran guerra ideológica en la UE
► La dirección nacional supervisa la labor en las autonomías, clave para mostrarse como un partido institucional ► En la estrategia contra Sánchez sí se admiten gestos antisistema, mientras que a Europa van los pesos pesados
El pasado 27 de enero la Asamblea general extraordinaria de Vox reeligió a Santiago Abascal como su presidente hasta el año 2028. Con este cónclave el partido de derecha radical trató de cerrar una etapa de zozobra interna y prepararse orgánicamente para un periodo político más complejo. Transcurridos un par de meses ya se pueden vislumbrar quiénes son los nombres que están funcionando, quiénes son las apuestas del partido y, a través de ellos, identificar los planes de un partido que fue fundado hace diez años.
El futuro, según creen en Vox, pasa por diversificar estrategias, porque no es lo mismo ser diputado en el Congreso, con el objetivo de hacer una oposición frontal a Pedro Sánchez; que presidente de un parlamento autonómico, que lo debe ser de todos los diputados; que consejero regional con presupuesto público, que debe responder por su gestión; que eurodiputado en un contexto continental e internacional en el que la derecha que representa el partido de Abascal va al alza.
La dirección de Vox siempre ha sido especialmente centralista y muy celosa de que las decisiones se tomen y se coordinen en la calle Bambú. Esto les ha generado problemas, como la fallida estrategia diseñada por el entonces secretario general Javier Ortega Smith para las elecciones andaluzas de junio de 2022 en las que se presentó Macarena Olona y que supusieron la primera gran decepción de un partido que hasta entonces no hacía más que crecer. El choque entre Ortega Smith y Olona destapó las miserias orgánicas del partido, su opacidad, y provocó la crisis orgánica más grave desde su nacimiento. El año que va desde la salida de Olona en julio del 22 a la de Iván Espinosa de los Monteros en agosto del 23 –las dos personas fuertes de Vox en su primera legislatura en el Congreso– visualizó una crisis de identidad, luchas de poder y una estructura orgánica fallida. Si a esto se suma su controvertida estrategia de comunicación, que incluye vetos a medios de comunicación, o la falta de transparencia en asuntos espinosos como sus cuentas, es obvio que Vox tenía un problema, sobre todo a la hora de transmitir la imagen de un partido maduro.
Zanjadas mal que bien las salidas de Olona y Espinosa y reelegido Abascal hasta 2028, la dirección de Vox se prepara para una etapa distinta e infinitamente más compleja. Las partidas simultáneas son tres: los gobiernos autonómicos, el Congreso y el Parlamento europeo. Y las respuestas son en cada caso diferentes, aunque Vox busca que sean complementarias.
En lo referente a las comunidades autónomas, Vox quiere transmitir institucionalidad, mostrar capacidad de gestión y con ello enviar un mensaje al conjunto de la sociedad. Se acabó la etapa de los mensajes incendiarios. Aquí adquiere un peso muy significativo la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, periodista con experiencia de gestión en medios y con alta capacidad ejecutiva que ha sabido ganarse la confianza no sólo del núcleo de decisión del partido, sino de su presidente. Nada se mueve en las autonomías donde Vox tiene poder sin que ella lo sepa.
Ya han pasado ocho meses desde las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, un punto de inflexión en los diez años de vida de Vox. Ese día, el partido tomó la decisión de negociar con el PP con una exigencia indiscutible: entrar en los gobiernos, empezar a gestionar. Hacerse mayores. Así fue como se forjaron los pactos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares y Murcia, que se unieron al precedente de Castilla y León. Hoy, transcurridos ocho meses, en la dirección Vox son conscientes de que ya no son un partido de oposición y de calle, ya no son un partido que se puede limitar a señalar los abusos del poder y del sistema. Forman parte del juego, gestionan dinero público y gobiernan sobre muchos millones de españoles.
Negociar la entrada en los gobiernos autonómicos no fue tarea fácil. Unos costaron más y otros costaron menos, en unos el reparto fue más beneficioso para el PP y en otros para Vox, pero lo cierto es que el partido de Abascal tenía clara su prioridad y nunca la escondió: una representación proporcional.
Fuentes presentes en aquellas negociaciones al máximo nivel revelan a este periódico que tras las elecciones autonómicas y municipales, el PP trató de disuadir a Vox para retrasar lo más posible los acuerdos, del mismo modo que el Partido Socialista impuso a Bildu no negociar la gobernabilidad de Navarra hasta pasadas las generales. Sin embargo, los negociadores de Vox fueron implacables: «Los nuestros no lo entenderían», advirtieron al PP. Y así fue como entre el 28-M y las generales del 23-J se empezaron a plasmar los acuerdos, que en el caso murciano no llegaron hasta septiembre. Es cierto que la entrada de Vox en los gobiernos regionales y ayuntamientos tiene un antecedente, Castilla y León, con su primer vicepresidente de un Ejecutivo, Juan García-Gallardo, y su primer presidente de una cámara legislativa, Carlos Pollán. Aquel acuerdo se plasmó después de las elecciones adelantadas del 13 de febrero de 2022, cuando Alfonso Fernández Mañueco decidió convocar ante el temor de que su vicepresidente Francisco Igea (CS) se sumara a una moción
En el partido admiten que perfiles como Gallardo y Ortega Smith ya no son útiles: contribuyen a estigmatizar el proyecto
Abascal siempre se miró en el espejo de Rivera e Iglesias, pero para no repetir sus errores de hiperliderazgo y sobreexposición mediática
de censura con el PSOE. Para la actual dirección de Vox, en esta nueva etapa la experiencia castellanoleonesa es significativa y el perfil de sus liderazgos allí permite extraer algunas conclusiones para la nueva etapa.
En privado se reconoce que perfiles como el del vicepresidente Gallardo en Valladolid o el de Ortega Smith en Madrid son cada vez menos útiles en el partido, porque contribuyen a su estigmatización y a la ridiculización de sus posiciones. Sin embargo, otros nombres igualmente combativos, pero más institucionales van ganando peso. En Castilla y León es el caso del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al que se le percibe ese esfuerzo por ser presidente de todos los procuradores. «Gallardo es incontrolable, cuando tiene un micro delante se desata. Ahora no necesitamos eso. Hay que potenciar