El PP promueve un recurso ante el TC si hay un plan para que las empresas vuelvan a Cataluña
El PP-A ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en el que promueve que se formule un recurso de inconstitucionalidad y « cuantas medidas en el ámbito judicial» sean necesarias si desde el Gobierno de España se ponen en marcha medidas que favorezcan el regreso de empresas a Cataluña. «Son medidas que privilegiarían el trasvase de empresas de unos territorios en favor de otros», apunta la iniciativa del Grupo Parlamentario, que estima que podrían verse afectadas en torno a 750 empresas que se desplazaron a Andalucía en tras el proceso independentista.
En este sentido, el PP-A pide en la Proposición no de ley el apoyo del Parlamento a la libertad de empresa y la iniciativa privada como «principales motores de generación de empleo y bienestar, y su rechazo a la aprobación de sanciones, incentivos o beneficios fiscales por parte del Gobierno de España, cuya finalidad sea incentivar que empresas trasladen su domicilio social desde cualquier comunidad a Cataluña, favoreciendo a un territorio en perjuicio del resto.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A recuerda que el pasado 10 de enero, Junts «aseguró haber acordado con el PSOE su abstención en la votación de tres decretos del Gobierno a cambio de modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que libremente decidieron salir de esta comunidad autónoma por la incertidumbre e inestabilidad que supuso el ‘procés’, afirmando que defienden que las empresas que vuelvan tengan incentivos y que, aquellas que no lo hagan, sean sancionadas».
Para el Grupo Popular, este tipo de propuestas «rompen la igualdad entre españoles y entre territorios como ya ocurre con sus propuestas en financiación, además de ser contraria a la competencia entre empresas y a su derecho a establecerse donde quieran».
Añade la iniciativa que la aprobación de este tipo de medidas es un «inconcebible ejercicio de extorsión que tendría negativas consecuencias en la economía y el empleo para la comunidad autónoma de Andalucía, además de un claro menoscabo al derecho a la libertad de empresa y de establecimiento, al principio de igualdad y a la libre competencia, incompatible todo ello también con el Derecho comunitario».