El Tribunal de Cuentas da diez días a la Fiscalía antes de sentenciar sobre los gastos del ‘procés’
► El órgano fiscalizador resolverá así la causa por los 3,2 millones del 1-O y las ‘embajadas’
La consejera del Tribunal de Cuentas encargada de la causa de los gastos del ‘procés’ en el exterior dictó ayer una resolución en la que da diez días a los demandantes contra los políticos independentistas que deberían responder por el alcance contable de los gastos de la ruta independentista de 2017, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, para que presenten sus conclusiones.
La instructora del procedimiento, Elena Hernáez, dio paso así a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana (SCC) para que envíen sus escritos. Posteriormente, los demandados también tendrán diez días para presentar sus conclusiones, tras lo que se dictará el visto para sentencia de la causa, informaron fuentes del Tribunal de Cuentas.
Ley de amnistía
El juicio por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre y la promoción exterior del ‘procés’ se celebró en noviembre, tres días después de que el PSOE registrara la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. El texto contempla el perdón de la responsabilidad contable del proceso independentista. Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por ABC descartaron avanzar si la sentencia se dictará antes de que la norma esté aprobada o después.
En enero, la consejera instructora rechazó suspender el procedimiento por la tramitación de la ley, según solicitó el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el exconsejero Raül Romeva y otros siete codemandados.
En la vista del pasado noviembre a la que no acudió el expresidente Puigdemont, rechazándose también que la presenciara por videoconferencia, el fiscal se opuso a la suspensión por la tramitación de la ley de amnistía, posicionamiento que atendió la instructora: «La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro. Sabemos que a día de hoy hay una proposición de ley. El previsible futuro es que recorra la tramitación parlamentaria y termine convirtiéndose en ley con entrada en vigor con su aplicación. Entonces será cuando sus efectos se apliquen», argumentó el fiscal Manuel Martín-Granizo.
Los independentistas basaron su petición en el deseo de «salvaguardar los principios de economía procesal y antiformalista, a fin de evitar posteriores trámites procedimentales innecesarios».
En el procedimiento por alcance del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía del órgano cifra en cerca de 3,2 millones de euros la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’, mientras Sociedad Civil Catalana (SCC), que dirigió la demanda contra once personas, entre ellas los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva o Francesc Homs, titular de Presidencia del gobierno de Artur Mas, la eleva a 5,1 millones de euros.