Andalucía licita dos contratos de digitalización de 114 millones
► El primer contrato, de 62 millones, es para desarrollar software en varias consejerías
La Junta de Andalucía ha licitado dos contratos con un presupuesto de 114 millones de euros para, por un lado, el desarrollo de software destinado específicamente a seis consejerías andaluzas, con 62 millones (con IVA) de inversión en cinco años, contemplando las posibles prórrogas y ampliaciones, y, por otro, para la gestión del puesto de trabajo del empleado público, con 52 millones de inversión en los próximos cuatro años.
Los ejes sobre los que se plantea el servicio del segundo contrato son movilidad, seguridad, herramientas ofimáticas, herramientas de colaboración, rendimiento del puesto de trabajo acorde a las aplicaciones necesarias para desempeñar sus funciones y nivel de servicio requerido.
La fecha límite para la presentación de ofertas para estos contratos de desarrollo de software y gestión del puesto del trabajo del empleado público es el próximo día 3 de mayo, a las 23,59 horas, pudiéndose presentar a través de la Agencia Digital de Andalucía o en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada 2, de Sevilla.
Consejerías
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa,
Antonio Sanz, detalló ayer que el objeto del primero de los contratos es la prestación de los servicios de análisis, desarrollo e implantación de sistemas de información en varias consejerías de la Junta de Andalucía: Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Universidad, Investigación e Innovación; Turismo, Cultura y Deporte; e Industria, Energía y Minas.
Sanz destacó que estas licitaciones siguen «sumando esfuerzos para lograr nuestro objetivo», que es que «Andalucía sea 100% digital en 2030, para lo que hemos destinado 1.000 millones hasta 2027, de los que ya se han ejecutado más de 200». «Andalucía está inmersa en una transformación digital sin precedentes», ha subrayado.
El consejero participó ayer en una jornada sobre ciberseguridad organizada por el Club Diálogos para la Democracia en la que habló sobre los retos de la transformación digital y de la necesidad de que se haga en un contexto de confianza y seguridad. «La ciberseguridad, la creación de las condiciones para que la transformación digital se desarrolle en un entorno confiable, se plantea, como una necesidad inaplazable», sentenció.
Asimismo, Sanz puso en valor «que Andalucía se ha convertido en un referente en ciberseguridad, un estatus que estamos afianzando gracias a la Estrategia de Ciberseguridad» y ha añadido, por otro lado, que a «más transformación digital, a más avance digital, más necesidad de seguridad digital».
Junto a la estrategia, el Gobierno Andaluz ha impulsado también el Clúster de Ciberseguridad, con más de 60 empresas y entidades que apuestan por la innovación, el talento de los profesionales y la suma de esfuerzos mediante la colaboración público-privada. El consejero incidió en que el año
El segundo de los contratos, de 52 millones de euros, es para la gestión del puesto de trabajo del empleado público
2024 «va a ser el de la consolidación de la ciberseguridad en Andalucía», con la creación de la Agencia de Ciberseguridad incluida en el borrador del anteproyecto de la nueva Ley Andalucía Digital que se publicará en breve.
Junto a esta nueva agencia, Sanz destacó «el esfuerzo» realizado para dotar de herramientas con las que hacer frente a las amenazas de los ciberdelincuentes. Herramientas, como el sistema de detección y respuesta en equipos finales (EDR), puesto en marcha recientemente en la Junta, o el nuevo sistema de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), que ese empezará a desplegar en breve y que incrementará las capacidades de detección y alerta de la administración andaluza. Ambos proyectos cuentan con una inversión de más de 30 millones de euros.
Apuesta de la Junta
El consejero recalcó que «no podemos dar respuestas individuales a problemas que son globales» y ha defendido «la apuesta» de la Junta por la colaboración entre administraciones y empresas, tanto en el ámbito público como privado, con el objetivo de crear una cultura adecuada de la ciberseguridad que ayude a la ciudadanía y a las empresas a protegerse frente a las amenazas en el ámbito digital.