EL AS PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO

cargado de pagar más de 10 millones de pensiones mensuales. Se trata de los ingresos por cotizaciones aportadas por empresas y trabajares, y que según prevé la memoria económica que acompaña a la orden de cotizaciones del presente año estima una recaudación total de 166.777,6 millones de euros, el equivalente a 1,1 puntos porcentuales del PIB, y algo más de 12.000 millones más que en 2023.

Tal y como señalan los expertos consultados por ABC, esta mayor aportación de empresas y trabajadores podría brindar la posibilidad a la Seguridad Social de no tener que incrementar la cuantía de los préstamos o de la transferencia prevista para cubrir las obligaciones de gasto, una operativa que de llevarse a término necesitaría del visto bueno del Congreso.

No en vano, cabe recordar que este aumento de financiación previsto tiene una fuerte vinculación con la acción de Gobierno y está lejos de corresponderse con una evolución natural de la economía. De hecho, el avance de los ingresos por cotizaciones será casi el cuádruple que el del PIB, que el consenso prevé en el 2%. La explicación a esta senda diferenciada está en el hipertrofiado aumento de cotizaciones previsto por el Gobierno en la segunda pata de la reforma de las pensiones y que empieza a desplegar casi en su totalidad en el presente ejercicio con una subida del MEI al 0,7%, un 5% de alza de bases máximas –también impulsada por el 1,2% adicional al IPC que aplica la senda de destope– y un alza del SMI del 5% que ha impulsado nuevamente las aportaciones de las bases mínimas. Este amalgama de aumento de costes supone unos 8.000 millones de euros para el tejido productivo y supone el 66% del aumento de recaudación previsto. El volumen restante es lo que estaría asociado a la creación de empleo y a las eventuales mejoras retributivas.