CUATRO AÑOS Y TRES MINISTROS

ral del Estado, «en especial en su sistema de nombramiento y en su estatuto de inamovilidad». Y alude para ello tanto al modelo de nombramiento del fiscal europeo como a los informes del Greco que apuntan, no tanto al vínculo que, de acuerdo con el esquema constitucional, exista entre el fiscal general y el Gobierno, como a la previsión normativa de garantías de autonomía, funcional y orgánica. La actuación de cada fiscal en el ejercicio de la acción penal tiene que ser percibida como «puramente objetiva y escrupulosa, alejada de decisiones partidistas».

En este sentido, el texto señala que si bien la reforma introducida en el estatuto fiscal en el año 2007 incrementó las garantías de autonomía en la figura del fiscal general del Estado, «no lo hizo, sin embargo, de manera sufi

Un proyecto estrella

Aunque el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobado en 2020, con Juan Carlos Campo en el Ministerio de Justicia, no ha sido hasta ahora cuando el Gobierno parece dispuesto a darle el impulso definitivo. Supone un cambio radical en el modelo de instrucción penal, que pasaría de los jueces de instrucción a los fiscales. El Consejo Fiscal ya dijo en 2021 que sin la reforma de su Estatuto (para reforzar su autonomía) y sin medios materiales y personales, el cambio era inasumible. Pilar Llop lo paró.

El modelo europeo

La figura del fiscal instructor está implantada en la mayoría de los países europeos, si bien el borrador se hace eco de las suspicacias que hay en España por la relación de la Fiscalía con el Gobierno. Por eso apremia a la reforma del Estatuto. García Ortiz ya se ha puesto manos a la obra y ha citado para el próximo miércoles a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para crear un grupo de trabajo que aborde los cambios.

Independencia

El texto sobre el que trabajará el Consejo sugiere mejoras en el régimen del fiscal general del Estado, «en especial en su sistema de nombramiento y en su estatuto de inamovilidad», e insta a recoger las recomendaciones europeas.

El borrador sobre el que trabajará el Consejo lamenta que la ley no venga acompañada ya de una reforma del Estatuto fiscal

ciente, pues la coincidencia del plazo de duración del mandato y el plazo ordinario de la legislatura, y el cese del fiscal general del Estado con el Gobierno que lo nombró ensombrecen todavía la garantía de independencia». Las mejoras que se lleven a cabo habrán de incidir, apunta, en «aumentar el espacio de inmunidad frente a la intervención del Gobierno» y en el régimen de relaciones entre el Ejecutivo y el fiscal general.

Un paso adelante

Con absoluta diligencia ante la urgencia del ministro Bolaños, que la semana pasada adelantó a las tres asociaciones de fiscales su intención de recuperar la reforma de la LECrim, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los presidentes de estas asociaciones a un encuentro el próximo miércoles. Fuentes de la Fiscalía General señalaron que García Ortiz pretende crear un grupo de trabajo que desarrolle el Estatuto orgánico partiendo de que esta ley «debe ir acompañada necesariamente» de un nuevo Estatuto para la carrera.

Así lo vio también su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, bajo cuyo mandato ya informó sobre este anteproyecto de ley el Consejo Fiscal. Fue en julio de 2021. El órgano que representa a la carrera fiscal dijo entonces que el cambio de modelo procesal era inasumible sin la reforma del Estatuto y con las plantillas de fiscales, sedes y medios materiales con las que cuenta la institución.

«Sin proyectos que incluyan cronogramas, inversiones y medios en torno a los cuales hacer la progresiva adaptación y cambio de un sistema a otro, con la adaptación de las plantillas judiciales y fiscales, la reorganización de las oficinas, de las sedes o el apropiado cálculo de cargas de trabajo es difícil que un cambio de sistema se materialice más allá de proyectos legislativos», advirtió el órgano, que hizo hincapié también en la necesaria autonomía organizativa, funcional, presupuestaria y de gestión para abordar con la suficiente flexibilidad la implantación del modelo que sea más apropiada al tamaño y cargas de trabajo de las distintas fiscalías territoriales.

El Consejo Fiscal también expresó su malestar por que el anteproyecto contemplara la figura del juez de garantías como «tutor» de la investigación» en vez de como un mero garante de derechos y libertades durante la instrucción, que en todo caso debe «liderar» el fiscal.

El revés de este órgano –cuyo dictamen, como el del CGPJ, es preceptivo pero no vinculante para el Gobierno– se tradujo en su paralización por parte de Pilar Llop, que pidió un informe técnico para incorporar mejoras, y la consecuente paralización por parte del Consejo General del Poder Judicial. Es ahora, en plena campaña de descrédito del Gobierno a un órgano «caducado», especialmente tras opinar contra la amnistía, cuando Bolaños apremia a ese mismo Consejo a emitir su informe.

Adiós al juez de instrucción

Además de ese nuevo rol de fiscal investigador (equivalente a la del actual juez de instrucción), la reforma legal introduce la figura del juez de garantías y la del juez de la audiencia preliminar. El primero, para tutelar los derechos de los investigados en el marco de la instrucción que lleve a cabo el fiscal; y el segundo para decidir sobre la conveniencia de abrir juicio oral y sobre la validez de las pruebas. Junto a esa modificación radical en el modelo de instrucción, el anteproyecto incorpora nuevas herramientas y técnicas de investigación para la lucha contra la criminalidad y refuerza las garantías de los intervinientes en el proceso penal. Todas estas cuestiones son valoradas como positivas y necesarias en el informe sobre el que trabaja el CGPJ.

anunciando sus planes de que el presupuesto de defensa subiera al 1,4% del PIB y adelantando en enero, en su discurso durante la Pascua Militar en el Palacio Real, el impulso de 18 nuevos programas. La realidad, sin embargo, se ha impuesto y la prórroga presupuestaria limita su margen de acción, obligando además a un esfuerzo adicional durante los próximos años si quieren mantener el objetivo de alcanzar en 2029 el 2% del PIB en defensa que pide la OTAN, como se comprometió el propio Sánchez. Un ejemplo de estos proyectos que igual tienen que esperar para ver la luz es el buque de aprovisionamiento de combate anunciado por el presidente en las instalaciones de Navantia en Ferrol solo 25 días antes de las elecciones gallegas.

De submarinos a misiles

Submarinos, misiles, aviones caza, vehículos de combate, drones e incluso satélites. La lista en marcha sobre la mesa del Ministerio de Defensa es