El motín en el centro de inmigrantes de Aluche reabre el pulso entre Policía y las ONG
► Los agentes acusan a las organizaciones de asesorar a los internos para evitar la expulsión y estas lo niegan
El motín en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio madrileño de Aluche, que el viernes pasado obligó a la Policía Nacional a intervenir para abortar la tensa situación vivida entre los internos y los agentes allí destinados, ha reabierto la polémica entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que atienden a los inmigrantes en situación irregular.
Fuentes de la Policía trasladan a ABC que estas organizaciones dan consejos a quienes esperan para ser expulsados del país para retrasar el procedimiento y así quedar en libertad, favoreciendo la inmigración irregular. Las mencionadas ONG niegan estar realizando esta práctica.
«Les asesoran desde el minuto uno para que lo consigan», denuncian fuentes policiales, que apuntan a que la clave está en los tiempos. Una vez un individuo ha ingresado en el centro, previa incoación de un expediente de expulsión, según la ley, el internamiento tiene una duración máxima de 60 días, sin que pueda acordarse uno nuevo y, a partir de entonces, quedan en libertad.
Según denuncian agentes destinados en el CIE – aunque sin aportar pruebas de las conversaciones–, los trabajadores de las ONG recomendarían durante sus visitas a los internos alargar estos plazos para poder salir del centro. Esto imposibilitaría posteriormente la localización y notificación del expediente de expulsión para hacerlo efectivo, dado que estas personas no cuentan con residencia legal, quedando en un limbo en territorio español.
Un ejemplo de las prácticas que los inmigrantes llevan a cabo, según la Policía, tras ser asesorados por las ONG –un derecho que reconoce el artículo 16 del Real Decreto 162/2014– es, una vez se lleva a cabo la expulsión, «liarla» antes de subir en el avión de regreso para que los responsables de la aerolínea se nieguen a transportar a estas personas a sus países de origen.
Este método, como se apuntaba, favorecería que los internos no pudieran ser expulsados ‘a posteriori’ del país, dado que, habiéndose sobrepasado los 60 días de internamiento, el implicado en el procedimiento no podría ser devuelto de nuevo al centro para extranjeros.