La Fiscalía Europea requisa contratos de mascarillas de Torres y Armengol
► La Guardia Civil incauta documentos de sus mandatos en Canarias y Baleares
Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, por mandato de la Fiscalía Europea, se presentaron ayer y antes de ayer en dependencias de los Servicios de Salud de Canarias y Baleares, respectivamente, para requisar documentación sobre la compra de mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Gestión, epicentro del caso Koldo, durante los mandatos autonómicos de los socialistas Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, actuales ministro de Política Territorial y presidenta del Congreso, según informaron a ABC fuentes conocedoras de las pesquisas.
El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) confirmó que los agentes se personaron el martes en las dependencias de la calle Reina Esclaramunda de Palma, donde permanecieron hasta altas horas de la madrugada, para recopilar toda la información sobre la compra de mascarillas a la empresa de la trama por valor de 3,7 millones de euros, que además fueron de inmediato arrumbadas en un almacén porque no eran las que se habían encargado. Añaden desde el IB-Salut que en todo momento se mantuvo un «ambiente de cordialidad y máxima colaboración».
En el caso de Canarias, las compras ascendieron a 12 millones de euros en diversos contratos, pero no es el único asunto que analiza la Fiscalía Europea: sospechan irregularidades en compras de material sanitario por casi 32 millones, entre ellas el llamado primer caso Mascarillas, por el que se abonaron por adelantado, en sendos pagos de dos millones, un millón de mascarillas compradas a una empresa no sanitaria y que nunca llegaron a recibirse.
También se investigan adjudicaciones vinculadas al suministro y transporte. La Unidad de la Policía Judicial que responde a la Fiscalía Europea sigue la pista de otras contrataciones bajo sospecha de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa. De acuerdo a los datos que se conocen por el momento, la Fiscalía tiene en el foco contratos que ascienden a 31,9 millones de euros, lo que extiende el caso Mascarillas a otras 23 adjudicaciones fechadas entre 2020 y 2021.
La denuncia que apuntó a la empresa RR7 United, a la que se compró un millón de mascarillas por cuatro millones de euros –3,77 euros la unidad, por encima del valor de mercado– y que nunca se entregaron, podría ser solo el principio, ya que se investigan las compras del Servicio Canario de Salud de suministros médicos a precios inflados a 17 empresas más.
Tal y como la misma Fiscalía Provincial de Las Palmas informó en febrero, también está en marcha una querella independiente a estos dos casos contra cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y malversación por contratos de venta de material sanitario durante la pandemia que ascienden a 22,8 millones de euros. Se investiga si los empresarios que sirvieron de intermediarios en la compraventa cobraron mordidas de estos fondos europeos, concretamente entre 9 y 10 millones del total.
El nuevo presidente canario, Fernando Clavijo (CC), insistió ayer en que su gobierno se dedica a «colaborar» con la Justicia y «facilitar» la labor de los agentes, que analizaron diversos expedientes y correos electrónicos. «Es lo que nos corresponde», subrayó Clavijo.
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