UNA VERDAD INCÓMODA PARA DÍAZ
Un estudio de Fedea estima que la cifra de fijos discontinuos inactivos es diez veces superior a la del Gobierno y le ofrece una metodología basada en datos de la Seguridad Social
LA ceremonia de la confusión que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y sus colaboradores han orquestado en torno a las cifras de los trabajadores fijos discontinuos inactivos es indigna de una economía avanzada. Se ha dicho que el ministerio no tiene los datos, se ha lanzado la pelota a las comunidades autónomas, se ha polemizado con los registros del Servicio Público de Empleo (SEPE), para al final escoger los números que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA). A juicio de los expertos, este guarismo elaborado a partir de datos del INE es el que ofrece la fotografía más favorable a los intereses de una ministra de Trabajo, pero no necesariamente es el que permite elaborar las políticas más adecuadas ni diagnosticar mejor el estado de la economía.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) asumió el desafío de intentar determinar el número de fijos discontinuos a través de uno de sus mejores expertos. El resultado es un informe que advierte a las autoridades de las limitaciones que tienen las cifras de demandantes inscritos en las oficinas del SEPE y los microdatos obtenidos de la EPA, y le ofrece una metodología alternativa para cuantificar el stock de fijos discontinuos mediante los historiales laborales de la Seguridad Social. Con los datos de los primeros nueve meses de aplicación de la reforma laboral en 2022, y tras depurar a los pluriempleados, el número de españoles que tenían este tipo de contratos en diciembre de 2022 era de 1,25 millones de personas, 518.000 de las cuales estaban inactivas. Los expertos creen que estas cifras pueden proyectarse perfectamente al año 2023 ya que el número de contratos fue similar. Esto significa que la cantidad de fijos discontinuos inactivos es realmente diez veces mayor al número oficial que en los últimos meses repite la vicepresidenta segunda y elevaría la cifra del paro registrado desde los 2,7 millones que marcó en marzo de este año hasta 3,2 millones que sería una cifra mucho más creíble.
La única razón para perseverar en esta confusión es la carrera política de Yolanda Díaz. Todas las demás consecuencias son perversas: ni se puede evaluar la marcha de su reforma laboral, que muchos temen que mayormente haya sido una gran operación de maquillaje estadístico, ni se consigue asignar correctamente los recursos ni generar políticas de empleo basadas en la evidencia. Uno de los objetivos de la reforma de 2021 era reducir el uso de la contratación temporal desincentivando una práctica habitual en España que es el encadenamiento de contratos temporales para la realización de todo tipo de trabajos, desde los de naturaleza estacional o intermitente hasta los que son estables y no deberían ser discontinuados. Los hallazgos de Fedea muestran que esto apenas se habría conseguido, pero sin los datos exactos es difícil adoptar acciones correctoras.
Además, hay nuevos fenómenos. Este tipo de contrato se ha focalizado en los jóvenes de menos de 25 años, pero estos tienen una tasa de inactividad que ronda el 70 por ciento. Además, la alta frecuencia de relaciones laborales a las que se ven sometidos estos trabajadores, pese a tener la categoría de indefinidos, indica que el fenómeno de encadenamiento de contratos no cede. Con una mayor transparencia se podrían poner en marcha medidas para fomentar la estabilidad de los trabajadores como cuotas variables de la Seguridad Social para aquellas empresas que apuesten por la permanencia (sistema ‘bonus’/‘malus’) o determinar por qué hay una tasa de abandono voluntario tan alta entre los jóvenes. Nada de eso se puede hacer sin una cifra que, por lo visto, es una verdad demasiado incómoda para Yolanda Díaz.