El Gobierno asume el bloqueo de la desaladora de la Axarquía
► El proyecto depende de Acuamed, una empresa pública paralizada por el Ministerio de Ribera
Después de varios señalamientos cruzados, el Gobierno ha asumido públicamente su responsabilidad en el estancamiento del proyecto de desaladoras en la Costa del Sol. Específicamente en la prevista en la comarca malagueña de la Axarquía, de cuyo bloqueo acusaba a la Junta de Andalucía.
Así lo demuestra la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria del senador José Alberto Armijo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Según la contestación del Gobierno, el desarrollo de la nueva desaladora en la Costa del Sol fue incluido como una medida prioritaria en el Real Decretoley 4/2023, en respuesta a la sequía que afecta a la región. En el documento se detalla que la Junta de Andalucía había propuesto que esta desaladora se ubicara en la Axarquía, con una capacidad prevista de 20 hectómetros cúbicos.
Sin embargo, para llevar a cabo esta actuación, declarada de interés general, es necesario encomendarla a la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), así como contar con un proyecto aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La parálisis del proyecto se atribuye a la tramitación de una modificación del segundo Convenio de Gestión Directa de Acuamed, un trámite que corresponde solventar a Teresa Ribera. Mientras esta modificación no sea aprobada, la empresa pública no puede avanzar en el impulso del proyecto.
Una promesa electoral
Todo esto ocurre cuando se cumple prácticamente un año desde que el Gobierno se comprometió en campaña electoral a invertir 100 millones en esta infraestructura, una de las grandes obras hídricas pendientes en la provincia, y después de que Ribera culpara directamente a la Junta del retraso.
La titular de Transición Ecológica aseguró en marzo que el Gobierno andaluz no había facilitado ni los proyectos ni los terrenos necesarios, pese a que la puesta a disposición de los suelos fue enviada al ministerio en enero. Ahora da marcha atrás y se contradice, asumiendo la responsabilidad del bloqueo a la espera de la resolución de este tramitación administrativa.
«Las mentiras tienen las patas muy cortas», señaló Armijo ayer al valorar la respuesta del Gobierno junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. Ambos instaron a los socialistas a ser «más rigurosos» al gestionar proyectos importantes para la región y les han acusado de perder tiempo con acusaciones a la Junta de Andalucía «como excusa para no hacer nada».