La número dos de García Ortiz impone rechazar la querella del novio de Ayuso
► La Fiscalía Superior de Madrid es partidaria de realizar antes unas averiguaciones previas
El choque de trenes que distintas fuentes venían apuntando en el seno del Ministerio Público por la querella del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefa de la Provincial y otro del área de Delitos Económicos, a quienes acusa de revelación de secretos por un comunicado sobre su caso de presunto fraude a Hacienda, ya ha llegado.
Tal como reveló ABC, la fiscal a cargo de informar sobre la admisión a trámite de la iniciativa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es partidaria de realizar averiguaciones previas sobre el origen de aquel comunicado antes de fijar posición y su jefe, que en esto es el teniente de la Fiscalía Superior de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, porque la fiscal jefa se ha abstenido, está de acuerdo. Pero ayer, en la última reunión que mantenían sobre el asunto con la número dos de la Fiscalía General, Ángeles Sánchez Conde, que sustituye a su vez al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque también se ha abstenido, recibieron una negativa por respuesta.
La número dos del Ministerio Público les impuso informar a favor de que la querella sea inadmitida, según las fuentes consultadas, lo que ha generado una nueva grieta en la Fiscalía que podría llevar a los responsables del asunto a apelar al artículo 27 de su estatuto: el mecanismo del que disponen los fiscales para contestar a un superior frente a una orden que no consideran ajustada a derecho. Si la discrepancia llegase a ese nivel, la posición del Ministerio Público sobre la admisión de la querella se decidiría en una Junta de Fiscales.
En paralelo, un par de horas tras esta reunión, el fiscal general del Estado pronunciaba un discurso en un acto institucional en el que, habiéndose abstenido de este asunto, fijaba públicamente posición, todo un aviso a navegantes en una institución que se rige, entre otros, por el principio de jerarquía: «No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución», llegó a decir. «No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva», zanjó.
«Como fiscal general del Estado –proseguía–, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios». «Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», añadió García Ortiz.
De paso, defendió el comunicado contestando a los pilares de la querella: «No puede considerarse infringido el deber de reserva» porque el «objeto de la comunicación» era «de dominio público fruto de indeseables filtraciones», dijo. Y apostilló: «La comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna».