La medida estrella de la Junta para lograr el «papel cero» está en el limbo
∑En mayo de 2017 el Consejo de Gobierno aprobó una inversión de 20 millones y en junio Susana Díaz cambió al consejero y el proceso quedó parado
Todo estaba ya preparado para materializar la medida estrella de la Consejería de Justicia para digitalizar todos los procesos de los tribunales andaluces. La administración regional había cerrado incluso la financiación de este programa, que procede fundamentalmente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Sin embargo, en el momento en el que ya solo quedaba seleccionar la mejor oferta empresarial para ejecutar la principal acción de modernización de los juzgados, la presidenta Susana Díaz decidió relevar al consejero Emilio de Llera para poner en el cargo a Rosa Aguilar, que a su vez inició una profunda remodelación de todo el organigrama de la Consejería. El resultado final es que ha pasado más de medio año y las grandes acciones para lograr la Justicia Digital han quedado en el limbo y sin ninguna fecha prevista para su puesta en marcha.
¿Qué medidas se encontró Rosa Aguilar sobre la mesa cuando fue nombrada consejera de Justicia? La Junta de Andalucía aprobó en mayo de 2017 una inversión para avanzar en el denominado Expediente Judicial Electrónico (que permite que todos los intervinientes en un proceso judicial accedan de forma digital a la misma documentación). Esto, a su vez, exigía la puesta en marcha de «un nuevo sistema de gestión procesal» en el portal Adriano (la web que da acceso a ciudadanos y profesionales a la información judicial andaluza). Para ello el Consejo de Gobierno autorizó en mayo una inversión de 20 millones de euros que permitiría el desarrollo e implantación de este nuevo sistema que «centraliza todos los datos en una misma plataforma, facilitando el acceso de la información en formato digital a todos los profesionales de la Justicia».
Según ha podido saber ABC, a esta licitación presentaron sus ofertas un grupo de grandes compañías del sector tecnológico como Fujitsu, Indra, El Corte Inglés Informática (en alianza con Ibermática) o la andaluza Ayesa Advance Technologies. Se presentaron todas las ofertas en verano pero la Junta de Andalucía no ha abierto todavía los sobres, ni tampoco ha indicado cuáles son sus previsiones sobre la fecha en la que evaluará las distintas propuestas y adjudicará finalmente el contrato.
Este proyecto incluye distintos apartados. Uno de los objetivos de la Junta es que se impartiera formación en cada una de las sedes judiciales andaluzas para todo el personal, pues se considera prioritario que exista un conocimiento muy profundo y detallado de cómo se utiliza el nuevo sistema; mientras que el otro gran bloque es la implantación de la tecnología necesaria para digitalizar la Justicia.
En junio de 2017 la recién nombrada consejera Rosa Aguilar explicó en el Parlamento andaluz cuáles iban a ser las claves de su mandato. En ese
momento ya indicó que el expediente de contratación para este nuevo sistema de justicia digital se encontraba en licitación, e indicó que era una de las prioridades de su Consejería, pues «la implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia constituye, hoy más que nunca, una condición indispensable para mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía». Ha pasado medio año de aquella promesa y, por el momento, la medida estrella permanece en el congelador.