Así es el contrato olvidado del Gobierno andaluz

Andalucía tiene previsto invertir más de 20 millones de euros en la digitalización de la Administración de Justicia para desarrollar e implantar el nuevo sistema de gestión procesal Adriano. Este proceso se prolongaría durante los próximos cuatro años y, además de incorporar las nuevas regulaciones del sistema estatal de notificaciones telemáticas LexNet, supondría la centralización de todas las funciones informáticas. Esta integración y homogeneización de datos en una única plataforma está prevista para impulsar la gestión del denominado Expediente Judicial Electrónico, que es el que permite la accesibilidad de la información en formato digital para todos los usuarios. Según el Ejecutivo andaluz, el sistema incorpora los últimos avances tecnológicos en seguridad, gestión de contenidos, firma digital, alarmas y controles, análisis y estadísticas para facilitar la tramitación de los procedimientos. También mejora la conexión con las aplicaciones que en todo el país permiten el intercambio de documentación electrónica entre órganos, profesionales y ciudadanía en general. El pliego fue firmado por la entonces viceconsejera Asunción Peña Bursón y se aprobó en consejo de Gobierno en mayo de 2017. Dos meses después, Peña Bursón (artífice de la licitación) fue sustituida en la viceconsejería por Isabel Mayo López.