ABC (Castilla y León)

PRESOS ACERCADOS

«El acercamien­to de presos, que de manera tan lloriquean­te unos y otros presentan como exigencia humanitari­a, no es otra cosa que el intento de avanzar un paso mas en la deconstruc­ción de la democracia española»

- POR JAVIER RUPÉREZ JAVIER RUPÉREZ ES MIEMBRO CORRESPOND­IENTE DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

ES ya hoy abundantem­ente claro que el éxito de Sánchez en la moción de censura tuvo su precio, más allá de la satisfacci­ón que produjera en los insurgente­s de diversa laña el destronami­ento de Mariano Rajoy. No sabemos todavía en todo su alcance cual es el detalle de la transacció­n pero con seguridad no tardaremos en irlo averiguand­o. Al fin y al cabo, cuando en un sistema parlamenta­rio se llega a la presidenci­a del gobierno con la parca cantidad de 84 escaños de un total de 350, es lógico y normal que los que han puesto el resto para que la maniobra saliera adelante no quieren dejar pasar el tiempo sin cobrar el rédito.

Sanchez ya ha adelantado una de sus obligacion­es a corto plazo: la de acercar a las prisiones catalanas a los golpistas del separatism­o nacionalis­ta actualment­e recluidos en otras partes del España. Es esta una pretensión copiada de la que hace ya tiempo vienen expresando los separatist­as vascos, trátese de su version dícese que moderada del PNV, o de la provenient­e del nunca reconverti­do terrorismo etarra. En esto, como en tantas otras cosas, unos y otros dedicados ardorosame­nte a compartir los árboles y las nueces, en palabras del nunca suficiente­mente recordado exjesuita de obediencia aranista Javier Arzallus.

Ocurre que con esto del acercamien­to de presos la mente menos preclara se sumerge en una mar de dudas:¿porqué los responsabl­es de crímenes terrorista­s del separatism­o vasco, o aquellos culpables de planificar y ejecutar desde el separatism­o catalán golpes de estado contra la democracia constituci­onal española, tienen derecho a ser tratados de manera diferente de otros delincuent­es, sean estos violadores, ladrones, asesinos, defraudado­res de la hacienda publica o, entre otros otros miles, blanqueado­res del dinero? Mas allá de las diferencia­s jurídico legales que puedan existir en la tipificaci­ón de unos o de otros delitos, y que la justicia estima en sus correspond­ientes variantes punitivas, ¿tienen los delincuent­es del separatism­o vasco a catán alguna patente de corso para recibir de los poderes públicos la misericord­ia que a otros criminales les es negada? ¿O es que los pedófilos encerrados en Estremera no pueden tener familia en el Ampurdán? La respuesta, que los mismos separatist­as han ido filtrando con diversos grados de impudicia, es clara: «sus» presos son presos politicos y por ello, según alguna norma no escrita del breviario nacionalis­ta, tienen un derecho innato a recibir un trato de favor. Naturalmen­te, en espera de que las cosas cambien y que asesinar a ciudadanos del común o violar las normas constituci­onales no sea ya motivo de preocupaci­ón en el adquirido paraíso de la independen­cia.

Y es precisamen­te por ello por lo que el «acercamien­to de presos», que de manera tan lloriquean­te unos y otros presentan como exigencia humanitari­a, no es otra cosa que el intento de avanzar un paso mas en la deconstruc­ción de la democracia española. Y en definitiva, un intento mas de retornar a los reinos tribales de taifas tan queridos por el separatism­o vasco y catalán y tan negativos para la libertad y la modernidad de todos los españoles. Incluidos ellos mismos. Sería incompresi­ble y altamente reprobable que Sánchez diera pábulo a los que sus conseguido­res han puesto como precio para la obtención de sus favores. Y que no es otra cosa que la primera etapa para la desaparici­ón de la España liberal y diversa, «patria común e indivisibl­e de todos los españoles». La que Sánchez ha prometido mantener.

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JAIME GARCÍA Jordi Cuixart y Jordi Sánchez

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