Cuatro cárceles catalanas, listas para acoger a los políticos presos
La Generalitat prevé que los encarcelados del «procés» irán a las prisiones que elijan
Con toda probabilidad los políticos independentistas encarcelados por su papel en el «procés» se mudarán en los próximos días a la prisión catalana que han elegido en cada caso. Los nueve presos secesionistas, que ahora están en prisión provisional en centros penitenciarios madrileños, pretenden estar más cerca de sus cónyuges y de sus hijos. La mayoría de ellos ya ha pedido el traslado a una prisión catalana «por razones de vinculación familiar». Hay pocas dudas, además, sobre si se les permitirá mudarse a la cárcel de su elección. La Generalitat, con competencias transferidas en materia penitenciaria, acepta o rechaza las solicitudes de trasladado de los presos que están encarcelados fuera de Cataluña siguiendo un criterio de «arraigo» en esta comunidad.
Fuentes penitenciarias de la Generalitat explican que, en la mayoría de los casos, el criterio «técnico» del arraigo que siguen los Servicios Penitenciarios para decidir coincide con los deseos de los presos, pues suelen elegir las cárceles más cercanas a sus domicilios. Por otra parte, si hace años esta aceptación estaba condicionada por la masificación que registraban las cárceles catalanas, hoy en día esto ya no es un problema, pues hay plazas disponibles de sobra en todos los centros penitenciarios, según explican las mismas fuentes. El descenso de la población carcelaria en Cataluña ha obligado a redefinir unos proyectos de construcción de nuevas cárceles al no ser necesarias más plazas.
¿Trato de privilegio?
Parece pues que no habrá trabas para elegir destino. Pero, una vez conducidos a las prisiones elegidas, ¿los presos separatistas podrían tener en los centros catalanes un trato privilegiado diferente al que tenían en las cárceles madrileñas? La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, promete que no. La última responsable de las prisiones catalanas –en esta comunidad autónoma la gestión carcelaria depende de Justicia y no de Interior, a diferencia de lo que ocurre en el Gobierno de España– asegura que los servicios penitenciarios «no cambiarán las maneras de hacer». Eso sí, en las mismas declaraciones a la prensa ayer, la consejera independentista –de Esquerra Republicana– no ha dejado pasar la oportunidad para recalcar que los políticos presos «deberían estar en libertad». Además, el director de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Amand Calderó, de quien dependen los 15 centros penitenciarios catalanes, también ha mostrado siempre su apoyo hacia unos reos que considera «presos políticos». En más de una ocasión se le ha visto luciendo el lazo amarillo de solidaridad con los ellos. Está por ver si la ideología de quien administra las cárceles catalanes se traduce o no en un trato de favor hacia los presos independentistas.
Lo que todavía es una incógnita es el plazo y el orden en el que se efectuarán los traslados. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó ayer que se producirán «en los próximos días» pero no se aventuró a precisar una fecha concreta. Tampoco lo hizo la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejos de Ministros.
De momento, se van cumpliendo los requisitos para la mudanza carcelaria. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa por rebelión contra los líderes secesionistas, ha respondido que ya no necesitará que los presos estén cerca de Madrid pues la instrucción del caso está a punto de concluir. No los reclamará para declarar ni para la práctica de otras diligencias. El jueves se pronunció sobre las peticiones de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; de la exconsejera Dolors Bassa, y de los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Ayer, en otro auto, dio respuesta en parecidos términos a las solicitudes del expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y del exconsejero Raül Romeva. El juez concluye que «no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto». Y deja, además, la pelota en el tejado de los responsables penitenciarios, pues, la decisión, está sujeta «a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación».
El destino de los presos
Casi todos los encausados por el «procés» que se encuentran en prisión ya han elegido destino. Junqueras, que está encarcelado en Estremera (Madrid), ha solicitado mudarse a la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Este centro penitenciario, inaugurado en 2007 y que cuenta con un total de 1.591 presos –sumados los que cumplen condena y los preventivos– está ubicado a menos de 30 kilómetros de Sant Vicenç del Horts, localidad en la que el republicano tiene su residencia y en la que fue alcalde. También quiere ir a Brians 2 el exconsejero Josep Rull –que ahora también está en Estremera– y Jordi Cuixart, ingresado en Soto del Real (Madrid).
Por su parte, Jordi Sànchez, que está en Soto del Real, y el exconsejero de Presidencia Jordi Turull –en Estremera– tienen la intención de que los conduzcan a Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), un centro penitenciario con 1.308 internos, inaugurado en 1989 y situado a poco más de 30 kilómetros de la capital catalana. Romeva también ha pedido el traslado a una cárcel catalana pero, en su caso, no solicita ninguna prisión en concreto. Según el auto del juez Llarena, el exconsejero de Exteriores pidió su traslado a «los centros penitenciarios de Barcelona», sin más detalle. En cuanto a las mujeres, Carme Forcadell –en Alcalá Meco– pretende que la conduzcan al Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, conocido popularmente como cárcel de «Wad-Ras». Fue inaugurado en 1983, cuenta con 599 internas y, después del cierre de la histórica cárcel de La Modelo, es la única prisión en terrenos de la capital catalana. Es, además, la única cárcel catalana específica para mujeres. Dolors Bassa, por su parte, ha reclamado ser llevaba a Puig de les Basses de Figueres (Gerona). Es un centro fundado en 2014, con población mayoritariamente masculina pero con un módulo para mujeres. En total, son 728 internos. De los nueve presos por el «procés», uno no ha movido todavía ficha en esta dirección. El exconsejero de Interior Joaquim Forn –ahora en Estremera– esperará a que el Supremo responda a su petición de puesta en libertad. De ser denegada se sumará a las peticiones de traslado.
Consejera de Justicia Capella dice que no tendrán un trato de favor pero que «deberían estar en libertad»