Contundencia con la unidad de España y la igualdad real

La beligerancia expositiva de Ciudadanos en Cataluña y la aplicación de un artículo 155 de la Constitución «blando», con una convocatoria prematura de elecciones catalanas a la que se sumó el PSOE como condición inexcusable para apoyar al Gobierno de Mariano Rajoy, han reabierto el debate de si se ha cerrado en falso o no el desafío independentista. Con un añadido: el de la división interna en el PP que ahora, con motivo de su proceso de sucesión, se está poniendo de manifiesto entre los distintos candidatos. En concreto, la defensa que hace Soraya Sáenz de Santamaría de la estrategia adoptada por el Gobierno del PP hasta ahora contrasta con la añoranza de mayor contundencia legal que habría deseado María Dolores de Cospedal y, a su vez, ambas posiciones son discrepantes de las ideas que para Cataluña planteaba José Manuel García-Margallo, reforma constitucional incluida.

Tampoco ayuda a cerrar este debate la pretensión de Pedro Sánchez de «dialogar» con el nuevo presidente de la Generalitat catalana, Joaquim Torra –de quien no consta renuncia alguna a una Cataluña independiente, y sí la exigencia de la excarcelación de los políticos presos–; o la receptividad mostrada por el PSOE a una reforma del Estatuto de autonomía vasco que contemple un autogobierno al límite de la Constitución, el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas, las competencias en materia penitenciaria, la gestión de la Seguridad Social, la ampliación del Cupo vasco –por más que sea un factor distorsionador de la completa igualdad entre españoles-, o la concepción del País Vasco como «nación». Algo que, por cierto, ya quedó sentenciado como imposible por el Tribunal Constitucional con su sentencia de 2010 sobre la modificación del Estatuto catalán.

Uno de los objetivos de la derecha, y así lo están transmitiendo todos sus aspirantes al nuevo liderazgo, es recuperar con contundencia el liderazgo político en lo que se refiere a la defensa de la unidad de España tal y como está consagrada en la Constitución, y enarbolar la bandera de la igualdad fáctica entre españoles, de modo que ninguna autonomía disponga de privilegios legislativos respecto a las demás, ni puedan generarse agravios comparativos que superen los límites de la Carta Magna. Si todos los españoles son iguales ante la ley, porque así está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, debe serlo y no solo parecerlo.

Mas allá de la fragmentación política y parlamentaria causada por la aparición ya hace ya un lustro de Podemos y de Ciudadanos en detrimento del bipartidismo clásico encarnado por PP y PSOE, lo cierto es que la aritmética parlamentaria ha seguido dependiendo de la representación de los partidos nacionalistas e independentistas. PDECat, ERC, Bildu, la CUP y, muy principalmente los cinco escaños del PNV en el Congreso, lo siguen condicionando todo. Y solo es posible hacerlo a cambio de cesiones del partido gobernante. Diversos teóricos como el sociólogo Julián Santamaría, o el doctor en Ciencias Política y Sociología por la Complutense Miguel Ángel Quintanilla, coinciden en algunos de sus estudios publicados en que lo que empezó a atraer hacia el PP a votantes socialistas moderados en 2008 fue la fortaleza de sus posiciones respecto a los asuntos relacionados con la cuestión territorial y –entonces– con la política antiterrorista. Hoy ese mensaje se percibe más nítidamente en Ciudadanos que en el PP y por eso buena parte del debate que abrirá a partir de ahora el «nuevo» PP se basará en la conveniencia o no de eliminar «leyes asimétricas», o incluso en si procede recentralizar algunas competencias cedidas a comunidades autónomas. No hay un debate pacífico al respecto, pero recientes sondeos del CIS perciben un ligero incremento de ciudadanos descontentos con el Estado autonómico tal y como está configurado. Y pocos se atreven a poner el cascabel al gato sobre cuestiones que muchos españoles desearían, como restablecer una política nacional de gestión única –o altamente supervisada– de los Cuerpos de Seguridad del Estado para que la Ertzaintza o los Mossos no sean cuerpos politizados o instrumentos para aumentar la concienciación social sobre el separatismo. Lo mismo ocurre con la idea de si debería haber una presencia –por mínima que fuera– del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en todas y cada unas de las provincias de España. O con un único criterio en la educación de los jóvenes. Porque hoy no es así.

En este sentido, Ángel Rivero, profesor de Pensamiento Político de la Autónoma de Madrid, es concluyente cuando sostiene que «la derecha debió ser más beligerante con el desafío separatista catalán», haber comunicado más y mejor su apuesta por un 155 «blando» y de apenas tres meses, y erigirse en «defensor sin complejos de los miles de catalanes que exigen el cumplimiento de la ley respecto a la utilización del castellano en Cataluña», donde no solo se oculta, sino que se reprime la lengua oficial del Estado.

«La derecha debe intentar ampliar hoy el espectro de lo que es legítimo pensar. La democracia –sostiene Guillermo Graiño, profesor de Teoría Política de la UFV– ha dejado de ser una articulación del pluralismo para convertirse en una forma de pensar determinada que, sin embargo, no descansa sobre el consenso real de la población. Esto tiene que ser revertido», concluye. Es indudable que la unidad de España y la igualdad como principio uniforme que todo lo debe condicionar en democracia son dos criterios mayoritarios en nuestra sociedad, donde a menudo la minoría que grita parece tener más valor que la mayoría que calla. Y para esa inmensa mayoría –sea progresista, conservadora o moderada–, la unidad de España no debe ponerse en cuestión.

Igualdad Urge recuperar con contundencia el liderazgo político en la defensa de la unidad de España