Los afectados rebatirán a la UE el informe que dice que resolver Popular fue lo mejor
La JUR se prepara para recibir cientos de comentarios al análisis de Deloitte El caso suma ya 358 recursos judiciales, mientras el de la banca italiana ninguno
La Junta Única de Resolución ( JUR), autoridad europea que resolvió el Popular hace un año, encargó a Deloitte un informe para valorar si venderlo al Santander por un euro y aplicando 2.000 millones de euros de pérdidas a accionistas y bonistas fue mejor solución que liquidarlo. El análisis concluye que esto último hubiese provocado un agujero de hasta 34.100 millones que habría tenido que cubrirse con dinero de grandes depositantes. La JUR abrirá ahora una fase de audiencia pública para escuchar a los afectados. Varios despachos de abogados que defienden a esos inversores confirman a ABC que acudirán a ese procedimiento para rebatir el informe.
Los bufetes están ahora mismo a la espera de conocer el calendario de esa fase de audiencia, que la autoridad presidida por Elke König se ha comprometido a concretar a mediados del próximo julio. Los acreedores del Popular que quieran pronunciarse ante la JUR deberán registrarse en el proceso para hacer sus comentarios al informe.
Fuentes financieras aseguran que en la JUR se da por hecho que recibirá cientos de informes refutando a Deloitte y la resolución del Popular en sí. Una vez analizados, la autoridad de resolución emitirá sus conclusiones y dirá si cabe o no compensar a esos inversores. Ahora bien, König ya dijo en público, antes de conocerse la valoración de Deloitte, que es «muy improbable» que se les indemnice.
El argumento principal es que además de haber puesto en riesgo la estabilidad financiera, sufragar la liquidación del Popular no hubiese implicado solo pérdidas para accionistas y bonistas, sino también para grandes depositantes como las grandes empresas y la Administración pública, que tendrían que haber ayudado a cubrir esas pérdidas de 34.100 millones.
Además, eso no habría sido suficiente porque para reabrir sus oficinas, el banco hubiese necesitado una inyección de liquidez con dinero público. Cabe recordar que tras la noche en que compró el banco, el Santander tuvo que aportar al Popular esa misma mañana, antes de abrir sus puertas, liquidez por 13.000 millones.
Proceso de puja
La JUR también cuenta con el argumento de que la venta al Santander, pese a la urgencia de la situación –el Popular se resolvió en cuestión de horas, de la noche a la mañana– se hizo a través de un proceso competitivo. Apoyándose en los trabajos que ya había hecho el equipo del expresidente del Popular Emilio Saracho, el FROB contactó con cinco grupos –el Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y el Sabadell– el fin de semana previo a la resolución, pero la noche de autos, la del 6 al 7 de junio, solo recibió la oferta de la entidad presidida por Ana Botín.
Y eso que la ley que regula el FROB da a este enormes poderes para hacer lo que considere oportuno en casos de urgencia como lo fue la crisis del Popular. Esta autoridad, ante la premura de la situación, podría haber adjudicado el Popular a dedo. A pesar de que la norma establece como principio general que en caso de resolución «desarrollará un procedimiento competitivo», también contempla que si hay «una seria amenaza para la estabilidad del sistema financiero como consecuencia de la situación (...) la selección del adquirente o adquirentes podrá realizarse sin necesidad de cumplir» ese principio.
Previsiblemente los bufetes seguirán esgrimiendo que la decisión de resolver el Popular se tomó en un corto periodo de tiempo, con un informe de valoración provisional y sin toda la información necesaria y dando al banco una valoración mínima. Además, cuestionarán si no hubo otra alternativa que la venta al Santander, en referencia a las muestras de interés de Deutsche Bank, Barclays y otros inversores.
Recursos ante Europa
Son algunos de los argumentos que esos mismos despachos ya usan en sus cientos de recursos contra la JUR y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante el Tribunal General de la Unión Europea y la Audiencia Nacional por la resolución del Popular. Fuentes jurídicas prevén que el Tribunal de Luxemburgo, que marcará jurisprudencia al respecto, tarde en pronunciarse, en torno a un año y medio, sobre esas demandas: su veredicto, junto con la investigación penal en España, determinará si los afectados por este caso son compensados.
Actualmente el FROB acumula 259 recursos de accionistas y bonistas que perdieron su dinero, y contra la JUR se han presentado 99, a lo que hay que
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sumar las cientos de demandas ante los tribunales. Esta alta litigiosidad contrasta con la liquidación el pasado verano en Italia de Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza. El Gobierno italiano aplicó también quitas a accionistas y tenedores de deuda subordinada de esas dos entidades, usó 5.200 millones en ayudas públicas para reflotar el negocio viable y este se adjudicó sin subasta a Intesa Sanpaolo, primer banco de ese país. En cambio, las autoridades italianas no han sido demandas por esta decisión.