TORRA, UNA AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA
La levedad política de este Gobierno le impide ver que Cataluña se aproxima al precipicio de un conflicto civil en las calles
LA historia de la enorme pancarta contra el Rey Felipe VI colocada en la Plaza de Cataluña durante los actos de homenaje a las víctimas del 17-A, sitúa al consejero de Interior, Miquel Buch, como protagonista de una posible prevaricación y de una incuestionable actitud sectaria. Esa historia es la que hoy desvela ABC, tras acceder al atestado que los propios Mossos d’Esquadra redactaron al considerar que la pancarta podía constituir un delito de odio. Por sus dimensiones, por su lema y por su ubicación, era una pancarta diseñada única y exclusivamente para generar un conflicto civil, un enfrentamiento social entre catalanes. La profesionalidad de unos mandos de la Policía autonómica motivó que agentes de este cuerpo acudieran a la vivienda desde la que unos independentistas radicales habían desplegado la insidiosa pancarta. Incluso se personó en el lugar la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, acompañada por personal de seguridad de la Casa del Rey, y también exigió que se descolgara para evitar altercados de orden público. Una llamada del consejero Buch a los mandos policiales impidió que estos cumplieran con su obligación y consiguió –el consejero de Interior, recordemos– que la pancarta contra el Rey, no contra los asesinos yihadistas del 17-A, presidiera los actos cívicos. Luego se quejan de que los jueces imputan a los consejeros independentistas.
Este es uno de esos episodios que explica la pérdida de reputación internacional de Cataluña. Su gobierno autonómico está en manos de unos sujetos dispuestos a vulnerar constantemente la legalidad que legitima sus funciones, y no dudan en transformar a los Mossos d’Esquadra en su policía privada. No hay en la Europa democrática un escenario tan preocupante para las libertades individuales y los derechos democráticos; pero sí hay en este momento tantos, o más, motivos que en octubre de 2017 para volver aplicar las medidas excepcionales del artículo 155 de la Constitución. No hay competencia relevante de la Generalitat que no esté al servicio de la independencia unilateral, de la ruptura del orden constitucional y de la quiebra de la concordia pacífica entre catalanes. Si el Gobierno que preside Pedro Sánchez decide observar esta sucesión de agresiones a la democracia como un árbitro ajeno al conflicto, se convertirá en un cómplice de los agresores. Los apaciguadores, los mediadores, los falsos moderados sólo benefician al violento y al infractor, dejando abandonadas a las víctimas, que se ven obligadas a defender por sí mismas sus derechos y libertades. La levedad política de este Gobierno, tan «bonito» al principio como incompetente en la actualidad, le impide ver que Cataluña se aproxima al precipicio de un conflicto civil en las calles. Y en este conflicto no hay terreno neutral entre los agresores independentistas y los agredidos constitucionalistas. Y el PSOE, con dudas.