Boracay, un paraíso cerrado por reforma
Tras recibir dos millones de visitantes, esta isla de Filipinas echó el cierre en abril para regenerar su medioambiente. ABC obtiene un pase especial para recorrerla
Con sus playas de finísima arena blanca bajo los cocoteros y aguas cristalinas sobre los corales, en los diccionarios debería aparecer una foto de Boracay como definición de «paraíso natural». Junto a Bali en Indonesia y Phuket en Tailandia, esta isla del centro de Filipinas es uno de los destinos más famosos de Asia gracias a sus bellos paisajes y a los chiringuitos de playa que animan su vida nocturna. Pero este lugar de solo 10 kilómetros cuadrados y 40.000 habitantes podría morir de éxito: el pasado año recibió dos millones de turistas.
Aunque la isla de Boracay tiene una amplia oferta hotelera, que va desde resorts de lujo como el Shangri-La o el Savoy hasta pensiones baratas para los mochileros, la masiva afluencia de visitantes ha acabado desbordándola. Sobre todo a sus sistemas de desagüe, tan insuficientes que muchos establecimientos vertían sus aguas residuales directamente al mar. A principios de año, el vídeo de una tubería derramando agua negra sobre una de sus playas conmocionó a la sociedad filipina y enfureció a su presidente, Rodrigo Duterte, quien llegó a decir que Boracay se había convertido en una «fosa séptica».
Sin temblarle la mano a la hora de tomar medidas drásticas, como la «guerra sucia» contra la droga que ha dejado miles de muertos en dos años, Duterte ordenó en abril el cierre total de la isla durante seis meses para regenerar su medioambiente. Hasta el 26 de octubre, cuando volverá a abrirse al turismo, sus restaurantes y hoteles tienen que llevar a cabo profundas reformas para pasar las nuevas normas medioambientales, cuyo cumplimiento se vigilará de forma mucho más estricta. Con sus aguas contaminadas y sus corales dañados, su cierre demuestra los perniciosos efectos del turismo, que puede ser una bendición para la economía pero también una plaga.
Los nuevos desagües
Con un pase especial expedido por las autoridades filipinas, ABC ha podido entrar en Boracay, que está levantada como si hubiera pasado un tifón. Entre charcos de barro, enormes zanjas se abren en las calles del centro, donde se están soterrando nuevas tuberías de 120 centímetros de diámetro. «Son alemanas, valen 100.000 pesos (1.600 euros) cada una y durarán más de un siglo», se ufana uno de los albañiles junto a una máquina excavadora. El objetivo es ampliar los sistemas de desagüe para que las calles no se inunden cuando llueva y que los establecimientos hosteleros y viviendas viertan sus aguas a una red pública con largas cañerías submarinas que descarguen lejos de la costa.
En una sinfonía de martillos hidráulicos, radiales y taladradoras, estas obras públicas se mezclan con las que están llevando a cabo prácticamente todos los comerciantes de la isla. Con miedo a perder sus licencias, tiendas, restaurantes y hoteles se han lanzado a una orgía constructora que ahora está en su fase destructiva: es decir, tirándolo todo abajo para levantarlo de otra manera.
«Abrimos en 2017, pero en abril tuvimos que cerrar por la reforma de la
isla y nos hemos quedado sin ingresos durante seis meses», se queja
Edgard Apilado, cuya familia regenta el hotel Diamond Water Edge, con 31 habitaciones en primera línea de playa. Como el resto, está en obras para adaptarse a la nueva normativa.
Pero la encargada de un restaurante denuncia que los trámites son tan complicados que muchos hosteleros y comerciantes temen no renovar sus permisos a tiempo para la reapertura en octubre. «Nos están mareando y mandando de una ventanilla a otra. Además, el departamento que debe darnos la licencia ha cerrado sin dar explicaciones», critica la mujer, que prefiere permanecer en el anonimato. «Los pequeños comercios tememos quedarnos sin nuestros permisos y que se los den a las grandes marcas», alerta sospechando de un oscuro «pelotazo» inmobiliario en ciernes. «Pero no podemos hacer nada más que seguir intentándolo porque, si nos quejamos, puede ser peor», se encoge de hombros resignada. «En Filipinas, si protestas, te pueden acabar pegando un tiro», advierte con miedo.
Compensaciones
Al margen de estas especulaciones, que no resultarían de extrañar en un país tan corrupto, el cierre de Boracay está sirviendo para limpiar sus exhaustas playas. Para compensar la falta de trabajo en el sector turístico, que emplea a la mitad de sus 40.000 habitantes, los vecinos de la isla están siendo contratados para regenerar el litoral. «Tenemos que recoger toda la basura y separarla de la maleza para que las playas vuelvan a estar limpias», señala Dorry
Gayteano, fisioterapeuta de 51 años. Aunque estas tareas la mantienen ocupada, no compensan la pérdida de ingresos por el cierre turístico. «Nos pagan el salario mínimo, que es de 323,50 pesos (5,1 euros) al día, pero en temporada alta yo puedo ganar cada jornada 3.000 pesos (48 euros) haciendo masajes», se lamenta la mujer, que tiene ocho hijos que alimentar. Aunque solo puede trabajar un mes, para que así puedan participar en el programa todos los habitantes de la isla, denuncia que no recibe más que el sueldo de diez días.
Con la esperanza de que el cierre sirva para devolverle el esplendor a Boracay, sus vecinos y los trabajadores se afanan por terminarlo todo a tiempo para el 16 de octubre, cuando podrán volver los turistas filipinos, y luego los extranjeros el día 26 de ese mes. Aunque parece difícil por las dimensiones de las obras, el agua ya vuelve a lucir cristalina en las bellísimas y hoy desiertas playas de Boracay, que pronto volverán a llenarse de turistas.