La familia de Franco rechaza por burofax la exhumación
▶ El Gobierno aprobará hoy el decreto para iniciar el proceso y dar 15 días a los familiares
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el inicio del proceso administrativo para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Después de que el pasado domingo entrase en vigor el decreto ley consolidado por el Gobierno que modifica la ley de Memoria Histórica, se dispuso que en la basílica «sólo podrán yacer fallecidos durante la Guerra Civil», y no después, como sucede con los restos del dictador.
A partir del decreto que saque adelante hoy el Gobierno, que designará un órgano instructor del caso, la familia contará con un plazo de quince días para personarse, y presentar alegaciones o decidir el destino de los restos de Franco, según declaró la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Durante ese periodo, la familia podrá ser escuchada ante un juzgado ordinario, ya que la figura del decreto ley cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional, ante el cual no puede recurrir un particular. La única vía que se contempla es impugnar ante el órgano de garantías el desarrollo de la ley una vez que la norma sea ratificada por el Congreso, no antes.
Sin embargo, si la familia no se ocupa de los restos, el Estado debe darle sepultura, como ocurre siempre que los familiares no son localizados o no asumen el destino de un cadáver, en un lugar «digno y respetuoso», afirmó la vicepresidenta. En un inicio, se contempló la posibilidad de enterrarlo en la capilla de la familia en El Pardo (Madrid), aunque el nieto del dictador, Francis Franco, no lo «contempla» por «falta de seguridad».
Para ello, el Gobierno tendrá que solicitar la asignación del título de derecho funerario al ayuntamiento correspondiente y esperar, en el plazo de un mes, la emisión del informe no vinculante del órgano autonómico competente en sanidad mortuoria. Tras estos trámites, los interesados volverán a contar con diez días de alegaciones.
El futuro del Valle
El Gobierno de Sánchez espera que las actuaciones terminen a finales de año, aunque podría prolongarse los doce meses de caducidad con los que cuenta el decreto ley.
Por su parte, la familia de Franco «no se rinde» y ya advirtió a Sánchez de que, si sigue adelante con la exhumación, podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de «profanación de sepultura».
Lo hizo en un burofax remitido por la Fundación Nacional Francisco Franco a la Presidencia del Gobierno el pasado 23 de agosto, en vísperas del último Consejo de Ministros que inició el procedimiento legal para la exhumación.